Belarminio plantea reformas al sistema de partidos

El observador independiente
28/04/07


SANTO DOMINGO.-El dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Belarminio Ramírez Morillo, abogó por una urgente regulación de los partidos políticos y las campañas electorales, a fin de reducir el coste de las contiendas electorales.

El politólogo dijo que la República Dominicana es un país muy pobre, y sin embargo, tiene la democracia más cara del mundo. Nuestro principal reto es reducir el coste de la política electoral.

Expresó que el momento es oportuno para iniciar la discusión consensuada de una propuesta de reforma electoral que esté focalizada al fortalecimiento del sistema democrático. Debemos frenar de una vez y para siempre la cultura de remiendos a que nos tienen acostumbrados los políticos del patio dominicano.

El dirigente reformista planteó las reformas al sistema político y electoral dominicano en una disertación en el Seminario Constitución y Reformas Electorales que se llevó a cabo en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), en el Municipio Santo Domingo Este.

Al mismo tiempo aclaró que no se debe seguir aupando reformas electorales sin antes evaluar el coste económico que implique su implementación.

El catedrático universitario dijo que el mal principal de la democracia dominicana no está en el sistema electoral, sino en los partidos políticos y en la conducta del liderazgo.Manifestó que los políticos sensatos y la sociedad civil están en el deber de trabajar de incoar acciones de manera conjunta para fortalecer el sistema democrático.

Expresó que la democracia no es un sistema político perfecto, pero que es el mejor de los sistemas conocidos en la historia hasta el momento.

Exhortó a la sociedad civil y los políticos de ideas avanzadas deben actuar con cautela, y antes de plantear nuevas reformas al sistema electoral, debemos evaluar las reformas realizadas.

Manifestó que en el 1994 el sistema electoral dominicano entró en un dinámico proceso de reformas y cambios, y sin embargo, muchas de esas reformas no han cumplido su cometido, puesto que no fueron fruto del análisis sospesado, del estudio crítico y de la conclusión reflexiva.

Expresó que las mayorías de las reformas hechas al sistema político y electoral dominicano se llevaron a cabo como medidas de emergencias para paliar crisis políticas y evitar posibles rupturas en el ordenamiento social.

El experto electoral dijo que a pesar de que tenemos 23 años realizando reformas políticas y electorales, el sistema democrático dominicano nunca había estado tan amenazado como en el presente. Nuestra democracia no está amenazada por el comunismo, como en el pasado, está amenazada por la ineficiencia, la injusticia y la inoperancia.

Recordó que separamos las elecciones para evitar que el Presidente de la República en su elección arrastrara a los senadores, diputados, síndicos y regidores. Actuando bajo la percepción equivocada de que las debilidades de los poderes legislativo y municipal eran fruto de la forma de elección de sus miembros y autoridades. Cuando en realidad esas debilidades son la resultante de nuestra fragilidad institucional y de nuestra cultura política, situaciones que no se resuelven con simples reformas, puesto que requieren de largos procesos de socialización, educación y aprendizaje.

Adujo que con esa reforma la sociedad dominicana ha sido sometida a una permanente campaña electoral, que se convierte en un trastorno de nuestras vidas, en el sentido amplio de la palabra.Expresó que el momento es oportuno para evaluar si vale o no la pena realizar elecciones cada dos años.

Belarminio Ramírez dijo que no debemos ocultar el hecho de que la separación de las elecciones ha sido un abono y estímulo al clientelismo político, y ha contribuido a que cada dos años se malgasten miles de millones de pesos que debieran ser invertidos en programas sociales.

A la interrogante: ¿Cuánto cuesta unas elecciones en República Dominicana? Respondió: Nunca lo sobremos. Pero lo que si sabemos es que el dinero que se mal gasta en campañas clientelares sale de la “costilla” de los ciudadanos y ciudadanas.

Adujo que tenemos un sistema clientelista parasitario que se “traga” anualmente cuantiosos recursos que bien pueden ser destinados a educación, salud, preservación del medio ambiente, proyectos de viviendas, acueductos, mantenimiento de obras públicas, en fin, en programas que beneficien a la colectividad.

El abogado y politólogo se declaró partidario de que las elecciones congresuales y municipales se acerquen a las presidenciales para que se realice una sola campaña electoral.

Recordó que Implementamos el financiamiento a los partidos políticos y a las campañas electorales con el propósito de evitar que el dinero sucio, o sea fruto de la corrupción o del narcotráfico, penetrara a las campañas electorales y controlara operativamente a esas organizaciones.

Dijo que de forma errónea se pensó que con el financiamiento público los partidos políticos se fortalecerían en términos institucionales, mejoraría la calidad de sus dirigentes debido a que una parte considerable de los mismos serían utilizados en labores de capacitación, y contribuiría al relevo del liderazgo, debido a que en la práctica los espacios políticos eran básicamente controlados por personas que financiaban los gastos operativos de las entidades.

Dijo que desde 1998 cuando entró en vigencia el financiamiento público a los partidos políticos hasta el momento actual, estas entidades han recibido miles de millones de pesos, y el resultado es que están más fragmentadas, tienen mayores deficiencias en términos institucionales, y la calidad de su dirigencia cada día es peor. El financiamiento ha contribuido a que una burocracia parasitaria, atraída por la administración de esos fondos, se apodere de estructuras partidarias.

Expresó que lo más lamentable aún, es el hecho de que tenemos un financiamiento público a los partidos, pero no tenemos límites al financiamiento privado. Los partidos se están degradando a niveles tales que los dirigentes están siendo valorados en función de la fortuna que tengan y que estén dispuestos a gastar, sin importar su origen.

Se mostró partidario de que los partidos fiscalizados de que la Junta Central Electoral, y si es necesario la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas fiscalicen el uso que se les da a esos recursos.

El profesor universitario manifestó que fueron creadas las circunscripciones electorales y posteriormente el voto preferencial con el propósito de fortalecer la legitimidad del Poder Legislativo, fortalecer la representatividad creando mecanismos para que los funcionarios electos no se distanciaran de sus electores, y en la medida de lo posible, mejorar la calidad de los representantes.

Dijo que los resultados han sido totalmente distintos de lo pensado. El voto preferencial lo que ha hecho es fortalecer el clientelismo político y encarecer las campañas electorales. Obliga al dirigente que aspira a ser electo y al legislador que aspira a reelegirse, a estar en el día a día con un electorado que en su inmensa mayoría ignora que la función de un legislador es producir las leyes necesarias para el desarrollo de la sociedad, y no la labor cotidiana de realizar operativos médicos, comprar recetas, buscar empleos y enterrar muertos.

Expresó que el voto preferencial no ha contribuido a mejorar la calidad de los legisladores.Dijo que los legisladores en su inmensa mayoría, compraron los puestos. Los niveles de pobreza que tenemos es un terreno fértil para que cualquier persona que esté dispuesto a gastar diez o veinte millones de pesos llegue al Congreso Nacional.

El académico dijo que asumir una posición sobre el voto preferencial es mucho más compleja. Si contáramos con un sistema de partidos que tuviera como norte trabajar junto a la comunidad en la búsqueda de solución de los problemas, lo más pertinente fuera que volviéramos al sistema anterior, en que al votar por el candidato a senador se votaba concomitantemente por la lista de diputados del mismo partido.

Expresó que podemos hacer todas las reformas electorales habidas y por haber, y si no mejoramos la calidad de los políticos y cambiamos la forma de hacer política, estas no servirán para nada.

El escritor y dirigente reformista dijo que es necesario alterar la composición partidista de los organismos electorales. La escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral no debe ser facultad exclusiva del senado de la República. Es aconsejable que estos sean seleccionados por una institución similar al Consejo Nacional de la Magistratura, que sea representativa de los diversos sectores de la vida nacional -partidos, empresarios, universidades, iglesias, sociedad civil, entre otros-.

Enfatizó en la necesidad del fortalecimiento institucional de los órganos electorales. Dijo que no existe verdadera autonomía donde no hay independencia presupuestaria.

Lamentó que la labor de la Junta Central Electoral y la organización a tiempo de las elecciones dependan en parte de la actitud del presidente de la República de turno. En cada campaña electoral observamos cómo el trabajo de la Junta está condicionado a que el presidente de la República autorice la entrega de los recursos económicos.

En ese mismo orden manifestó que el fortalecimiento institucional de los órganos electorales tiene relación directa con la calidad y capacidad del personal administrativo. Por tanto, es necesario establecer la carrera electoral, a fin de evitar que se repitan situaciones como en el pasado, en que un cambio de jueces electorales se traduce en un despido masivo de funcionarios y empleados. La carrera electoral conduce también a que los partidos formen cuadros especializados exclusivamente en el tema electoral.

Formuló que es necesario crear un Tribunal de Administración de Justicia en material Electoral, puesto que en la práctica la creación de dos cámaras, una contenciosa y otra administrativa, no ha cumplido el cometido deseado, ya que los jueces de la cámara contenciosa se involucran en la organización de las elecciones.

El profesor universitario dijo que se debe crear una circunscripción nacional, a fin de que los partidos pequeños tengan posibilidades de tener un representante en la Cámara de Diputados. Esa circunscripción puede estar integrada por cinco o siete diputados adjudicados a los partidos que obtengan más del 1% de los votos nacionales.

Enfatizó en la necesidad de congelar la matrícula de diputados y senadores por 20 años. Debe hacerse lo mismo en el caso de los Municipios y Distritos Municipales.

Belarminio Ramírez dijo que es urgente la regulación de los partidos políticos y de las campañas electorales.Expresó que hora de que la sociedad civil y los partidos políticos trabajen juntos en procura de buscar la cura que necesita el sistema político y electoral.

Insta a LF a impedir el uso de símbolos del PRSC en actos

El escritor y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano Belarminio Ramírez Morillo solicitó al Presidente de la República Leonel Fernández Reyna que baje una linea a sus seguidores para que no utilicen los símbolos del Partido Reformista Social Cristiano. El abogado y político manifestó que la consternación que existe en las filas del reformismo por el permanente irrespeto en que incurren otrora dirigentes del PRSC que forman parte del gobierno peledeista es de tal magnitud que puede degenerar en actos de violencia en el proceso electoral que se inicia.


Belarminio Ramírez Morillo manifestó que la misión de un presidente de la República y sobre todo de un gobierno es promover la armonía y la convivencia pacífica y civilizada entre las diversas fuerzas políticas y sociales de la vida nacional.


Manifestó que a quien más perjudica un posible enfrentamiento que se traduzca en violencia entre dirigentes del reformismo y seguidores de Leonel Fernández es al propio presidente de la República.
Adujo que no tiene sentido que el presidente de la República patrocine hechos que puedan lesionar su imagen como Primer Mandatario de la Nación.


Esa no es la misión de un gobernante que aspira a pasar a la historia como un civilista, expresó el catedrático universitario.


En ese mismo sentido, Belarminio Ramírez dijo que la Junta Central Electoral tiene facultades para impedir que personas ajenas a una entidad partidaria utilicen sus símbolos.

Expresó que el alto tribunal electoral está en el deber de hacer cumplir su autoridad. Calificó como vergonzoso que en pleno siglo XXI los políticos dominicanos estén asumiendo comportamientos salvajes como si estuviéramos en pleno siglo XIX cuando el desorden y la desintitucionalización era la regla de juego.