Santo Domingo, República Dominicana.- El abogado y politólogo Belarminio Ramírez Morillo dictó la conferencia: El Estado Dominicano-origen y evolución en el contexto constitucional- en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), dirigida a los estudiantes del Diplomado en Gestión Municipal, en la que instó a los legisladores a que al momento de reformar la Carta Magna, así como en sus labores rutinarias actúen con cautela antes de crear nuevas instituciones públicas.
El profesor universitario dijo que desde su fundación en 1844 el Estado Dominicano ha mantenido su esencia estructural de separación de los poderes públicos en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aunque llama a preocupación la forma acelerada como ha crecido la estructura del Poder Ejecutivo en el ciclo de la democracia.
El estudioso del derecho y la política presentó los organigramas del Estado Dominicano en cinco estadios históricos distintos: 1854, 1914, 1922, 1960 y 2008, donde ilustró a los participantes sobre las épocas en que han surgido las Secretarías de Estados y los factores sociales, demográficos, políticos y económicos que han conducido a su creación.
El Poder Ejecutivo en 1954 tenía a penas cuatro Secretarías de Estado, que eran: Justicia e Instrucción Pública, Hacienda y Comercio, Interior y Policía y Agricultura, Guerra y Marina.
Dijo que entre 1844 y 1916, períodos que abarcan la Primera y Segunda República y que representan 82 años de historia, el Poder Ejecutivo pasó de cuatro a siete Secretarías de Estado. “En ese interregno de tiempo fueron creadas las Secretarías de Relaciones Exteriores, Fomento y Comunicaciones, Agricultura e Inmigración.”
Expresó que durante el período de la Ocupación Norteamericana 1916-1924 fueron creadas dos instituciones: Registro de la Propiedad Territorial, Sanidad y Beneficiencia.
El profesor universitario subrayó que durante la Era de Trujillo el Estado Dominicano fue objetivo de un profundo rediseño, con criterios objetivos y visión de futuro, pero sin incrementar de manera precipitada el número de instituciones. “Aunque fue creado un Estado Nuevo, llama a la atención el hecho de que a penas se incrementó en dos el número de Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo, pasando de 9 a 11.”
Manifestó que independientemente de su conducta criminal, Trujillo fue el arquitecto del Estado Contemporáneo Dominicano, y la reforma constitucional que se avecina está en ciertas medidas orientadas a modificar la esencia del Estado Trujillista para crear un Estado que responda a la realidad que vive la sociedad dominicana.
El profesor de derecho constitucional dijo que en cuanto a la evolución de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, la conducta asumida por el liderazgo político dominicano durante 120 de historia republicana (de 1844 a 1966) ha sido totalmente diferente al comportamiento del liderazgo político gobernante en el ciclo de la democracia dominicana (1966-2008).
Expresó que en 42 años fueron creadas 12 nuevas Secretarías de Estado, pasando de 11 a 23 que es la cifra que tenemos actualmente.
El profesional de las Ciencias Políticas y la Administración Pública dijo que la Estructura del Estado Dominicano ha sido expandida sin la debida planificación, y se está acercando el momento en que será necesario realizar una auditoria al Estado para determinar cuales instituciones califican para mantener un statu de Secretaría de Estado o de Dirección General.
Expresó que varios funcionarios del presente gobierno han presentado propuestas para que las Direcciones Generales que desempeñan sean convertidas en Secretarías de Estado, pero que afortunadamente el Presidente Leonel Fernández y al actual Congreso han sido cautos al respecto.
Belarminio Ramírez dijo que la creación de tantas instituciones no guarda relación con el desarrollo experimentado por la sociedad. “Tenemos un Estado que en término estructural es uno de los más modernos del continente, pero sin embargo tenemos una deuda social acumulada muy grande en lo que debe ser la inversión en educación, salud, seguridad ciudadana, vivienda, preservación del medio ambiente y desarrollo tecnológico, entre otros.” Subrayó el escritor y político.
martes, 28 de octubre de 2008
martes, 21 de octubre de 2008
Incumplimiento de cuota feminina no debe ser la excusa para eliminar voto preferencial
Santo Domingo, República Dominicana.- El politólogo y especialista en materia electoral Belarminio Ramírez Morillo expresó que el incumplimiento de la cuota femenina como manda la ley electoral no debe ser la excusa utilizada por los magistrados de la Junta Central Electoral para eliminar el voto preferencial. A su juicio existen motivos y razones más fuertes que este para evaluar si procede o no mantener esa forma de elección.
Manifestó que la excusa para eliminar el voto preferencial, debe ser que éste ha fomentado la corrupción, el clientelismo y el uso del dinero mal habido en las campañas electorales, hecho que desnaturaliza a los partidos y constituye una amenaza flagrante a la institucionalidad del Estado democrático.
Instó a los magistrados de la Junta Central Electoral a que traten con los criterios más objetivos posibles el tema del voto preferencial, ya que con el establecimiento del mismo fueron creadas farsas expectativas a la población, pero si se elimina de forma pura y simple los partidos volverán a convertirse en los escenarios de conflictos que eran previo a su establecimiento.
Dijo que los obstáculos en el cumplimento de la cuota femenina deben ser resueltos estimulando la participación y motorizando procesos de renovación a lo interno de los partidos, donde las mujeres quienes constituyen más de la mitad de la población se integren a la vida partidaria y participen en procura de ocupar puestos de dirección y de representación.
Manifestó que la forma acelerada y efectiva como las mujeres se han ido integrando al proceso productivo conducirá a que dentro de dos décadas no se tendrá que hablar de cuotas femeninas, puesto que estarán de igual a igual con los hombres e inclusive podrían ocupar mayores espacios.
El profesor universitario manifestó que la eliminación del voto preferencial en la elección de los diputados como han sugerido algunos magistrados de la Junta Central Electoral debe estar supeditado a la aprobación de una ley de partidos que garantice que el orden de los candidatos a diputados y regidores en la boleta electoral sea el resultado de un plebiscito a lo interno de las organizaciones políticas.
Expresó que un aspecto muy importante que debe ser incorporado a la normativa electoral antes de proceder a eliminar el voto preferencial, es establecer que un precandidato de un partido que no resulte electo en las elecciones internas no podrá ser inscrito por otro partido en su boleta electoral en las elecciones que guardan relación con la misma campaña.
Subrayó que el cumplimiento de la cuota del 33% de las candidaturas femeninas por parte de los partidos choca con la realidad de que en algunas provincias y municipios las organizaciones políticas carecen de mujeres con el perfil dirigencial y liderazgo apropiado para competir en la búsqueda del voto popular. “Eso hace que la cuota femenina, aunque es una conquista aplaudida por las mayorías, en algunos casos se convierte en un problema para los partidos o en una “camisa de fuerza”, debido a que al momento de ensamblar una boleta electoral el factor prioritario es presentar ofertas que tengan arraigo popular, y no el equilibrio de género.” Dijo el especialista electoral.
Dijo que el establecimiento del voto preferencial fue para resolver un problema de mecánica interna en los partidos, y no para fortalecer la democracia y fomentar la participación de los ciudadanos.
El abogado y politólogo dijo que el problema ahora radica en que la implementación del voto preferencial liberó a las cúpulas de los partidos de los conflictos en el establecimiento del orden en las listas, pero generó un problema mayor, puesto que le ha dado un costo a las campañas electorales que no es compatible con el ingreso de los diputados.
Manifestó que la excusa para eliminar el voto preferencial, debe ser que éste ha fomentado la corrupción, el clientelismo y el uso del dinero mal habido en las campañas electorales, hecho que desnaturaliza a los partidos y constituye una amenaza flagrante a la institucionalidad del Estado democrático.
Instó a los magistrados de la Junta Central Electoral a que traten con los criterios más objetivos posibles el tema del voto preferencial, ya que con el establecimiento del mismo fueron creadas farsas expectativas a la población, pero si se elimina de forma pura y simple los partidos volverán a convertirse en los escenarios de conflictos que eran previo a su establecimiento.
Dijo que los obstáculos en el cumplimento de la cuota femenina deben ser resueltos estimulando la participación y motorizando procesos de renovación a lo interno de los partidos, donde las mujeres quienes constituyen más de la mitad de la población se integren a la vida partidaria y participen en procura de ocupar puestos de dirección y de representación.
Manifestó que la forma acelerada y efectiva como las mujeres se han ido integrando al proceso productivo conducirá a que dentro de dos décadas no se tendrá que hablar de cuotas femeninas, puesto que estarán de igual a igual con los hombres e inclusive podrían ocupar mayores espacios.
El profesor universitario manifestó que la eliminación del voto preferencial en la elección de los diputados como han sugerido algunos magistrados de la Junta Central Electoral debe estar supeditado a la aprobación de una ley de partidos que garantice que el orden de los candidatos a diputados y regidores en la boleta electoral sea el resultado de un plebiscito a lo interno de las organizaciones políticas.
Expresó que un aspecto muy importante que debe ser incorporado a la normativa electoral antes de proceder a eliminar el voto preferencial, es establecer que un precandidato de un partido que no resulte electo en las elecciones internas no podrá ser inscrito por otro partido en su boleta electoral en las elecciones que guardan relación con la misma campaña.
Subrayó que el cumplimiento de la cuota del 33% de las candidaturas femeninas por parte de los partidos choca con la realidad de que en algunas provincias y municipios las organizaciones políticas carecen de mujeres con el perfil dirigencial y liderazgo apropiado para competir en la búsqueda del voto popular. “Eso hace que la cuota femenina, aunque es una conquista aplaudida por las mayorías, en algunos casos se convierte en un problema para los partidos o en una “camisa de fuerza”, debido a que al momento de ensamblar una boleta electoral el factor prioritario es presentar ofertas que tengan arraigo popular, y no el equilibrio de género.” Dijo el especialista electoral.
Dijo que el establecimiento del voto preferencial fue para resolver un problema de mecánica interna en los partidos, y no para fortalecer la democracia y fomentar la participación de los ciudadanos.
El abogado y politólogo dijo que el problema ahora radica en que la implementación del voto preferencial liberó a las cúpulas de los partidos de los conflictos en el establecimiento del orden en las listas, pero generó un problema mayor, puesto que le ha dado un costo a las campañas electorales que no es compatible con el ingreso de los diputados.
sábado, 18 de octubre de 2008
El momento constituyente y la sociedad civil
La constitución dominicana ha sido objeto de treinta y siete reformas, de las cuales solo seis han sido en un momento constituyente.
El momento constituyente se produce cuando las mayorías nacionales de una u otra forma expresan su interés por la reforma a la ley sustantiva del Estado. Además, puede ser identificado cuando se presenta una coyuntura favorable y necesaria para reformar la carta magna.
Momentos constituyentes en la historia constitucional dominicana fueron los siguientes: En 1844 con la desocupación de las tropas de ocupación haitiana; en 1863 con la restauración de la República; en 1924 con la desocupación de las fuerzas de ocupación norteamericana; en 1963 después de la muerte de Trujillo; en 1966 después de la guerra civil; en 1994 por la crisis postelectoral; y ahora en el 2008, debido a los cambios experimentados en la sociedad dominicana en las últimas cuatro décadas, se produce un momento constituyente que debe ser aprovechado por todos los buenos dominicanos interesados en el avance de este país.
Sorprende la actitud de varias organizaciones de la sociedad civil, principal protagonista del debate político nacional en busca de este momento histórico, y sin embargo ahora reaccionan confundidos como si no le importara defender el fruto de su propio esfuerzo.
Todos los sectores de la vida nacional deben jugar su rol en procura de rediseñar el Estado Dominicano mediante una reforma a su ley sustantiva, a los fines de hacerlo más institucionalizado, eficiente y funcional. Esa es la tarea que debe ocuparnos a todos.
Distraernos ahora, en un debate sin sentido demandando que la reforma se haga a través de una constituyente y no mediante el mecanismo de reforma que la constitución misma establece, que es la asamblea revisora, es una forma premeditada de boicotear la reforma constitucional y de impedir que el país avance.
El momento constituyente se produce cuando las mayorías nacionales de una u otra forma expresan su interés por la reforma a la ley sustantiva del Estado. Además, puede ser identificado cuando se presenta una coyuntura favorable y necesaria para reformar la carta magna.
Momentos constituyentes en la historia constitucional dominicana fueron los siguientes: En 1844 con la desocupación de las tropas de ocupación haitiana; en 1863 con la restauración de la República; en 1924 con la desocupación de las fuerzas de ocupación norteamericana; en 1963 después de la muerte de Trujillo; en 1966 después de la guerra civil; en 1994 por la crisis postelectoral; y ahora en el 2008, debido a los cambios experimentados en la sociedad dominicana en las últimas cuatro décadas, se produce un momento constituyente que debe ser aprovechado por todos los buenos dominicanos interesados en el avance de este país.
Sorprende la actitud de varias organizaciones de la sociedad civil, principal protagonista del debate político nacional en busca de este momento histórico, y sin embargo ahora reaccionan confundidos como si no le importara defender el fruto de su propio esfuerzo.
Todos los sectores de la vida nacional deben jugar su rol en procura de rediseñar el Estado Dominicano mediante una reforma a su ley sustantiva, a los fines de hacerlo más institucionalizado, eficiente y funcional. Esa es la tarea que debe ocuparnos a todos.
Distraernos ahora, en un debate sin sentido demandando que la reforma se haga a través de una constituyente y no mediante el mecanismo de reforma que la constitución misma establece, que es la asamblea revisora, es una forma premeditada de boicotear la reforma constitucional y de impedir que el país avance.
martes, 14 de octubre de 2008
Pide a sociedad civil aproveche momento constituyente y no se deje utilizar de partidos
Santo Domingo, República Dominicana.- El politólogo y profesor de derecho constitucional Belarminio Ramírez Morillo exhortó a las entidades de la sociedad civil a que aprovechen el momento constituyente que vive la sociedad dominicana y no se presten a la tarea de hacerle el juego a partidos que son responsables directos del escaso desarrollo institucional que padece el Estado Dominicano.
El profesor universitario dijo que en la última década la sociedad civil ha contribuido a la creación del momento constituyente en que vivimos convirtiéndose en la principal protagonista y promotora de foros de discusión sobre la reforma a la constitución, y ahora cuando se presenta la coyuntura histórica salen a boicotear su propio esfuerzo.
El abogado y escritor expresó que a pesar de que la Constitución Dominicana ha sido reformada en treinta y siete ocasiones, a penas cinco de ellas han sido en un momento constituyente, puesto que en las demás, las reformas no fueron el producto del deseo ni del consenso de las mayorías nacionales, sino de las pretensiones de un gobernante de turno o partido en el poder para hacer una traje a su medida, como sucedió en el 2002.
Entiende que la sociedad civil debe tomar el Proyecto de Reforma Constitucional sometido al congreso por el Presidente Leonel Fernández y formularle los cambios y enmiendas de lugar. “Deben levantar la voz de los que no tienen voz para que se incorporen figuras como el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato, temas discutidos una y mil veces por estas entidades.” Subrayó el abogado y político.
Expresó que el momento actual requiere de una reforma constitucional en breve plazo, y que la sociedad civil en vez de distraerse coincidiendo con el PRD para que esta se haga mediante una constituyente, lo que debe es exigirle a los congresistas que en la Asamblea Revisora que se haga se incorpore la constituyente como procedimiento de reforma para el porvenir.
“Insistir en la realización de unas elecciones constituyentes en la actual coyuntura que vive el país, es de forma premeditada boicotear la reforma constitucional y evitar que se rediseñe el Estado en procura de hacerlo más institucionalizado, eficiente y funcional.” Dijo el profesor de derecho constitucional.
Belarminio Ramírez Morillo expresó estos argumentos al ser entrevistado por Mayra García en la Corporación de Radio y Televisión Dominicana (CERTV), Canal 4.
El profesor universitario dijo que en la última década la sociedad civil ha contribuido a la creación del momento constituyente en que vivimos convirtiéndose en la principal protagonista y promotora de foros de discusión sobre la reforma a la constitución, y ahora cuando se presenta la coyuntura histórica salen a boicotear su propio esfuerzo.
El abogado y escritor expresó que a pesar de que la Constitución Dominicana ha sido reformada en treinta y siete ocasiones, a penas cinco de ellas han sido en un momento constituyente, puesto que en las demás, las reformas no fueron el producto del deseo ni del consenso de las mayorías nacionales, sino de las pretensiones de un gobernante de turno o partido en el poder para hacer una traje a su medida, como sucedió en el 2002.
Entiende que la sociedad civil debe tomar el Proyecto de Reforma Constitucional sometido al congreso por el Presidente Leonel Fernández y formularle los cambios y enmiendas de lugar. “Deben levantar la voz de los que no tienen voz para que se incorporen figuras como el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato, temas discutidos una y mil veces por estas entidades.” Subrayó el abogado y político.
Expresó que el momento actual requiere de una reforma constitucional en breve plazo, y que la sociedad civil en vez de distraerse coincidiendo con el PRD para que esta se haga mediante una constituyente, lo que debe es exigirle a los congresistas que en la Asamblea Revisora que se haga se incorpore la constituyente como procedimiento de reforma para el porvenir.
“Insistir en la realización de unas elecciones constituyentes en la actual coyuntura que vive el país, es de forma premeditada boicotear la reforma constitucional y evitar que se rediseñe el Estado en procura de hacerlo más institucionalizado, eficiente y funcional.” Dijo el profesor de derecho constitucional.
Belarminio Ramírez Morillo expresó estos argumentos al ser entrevistado por Mayra García en la Corporación de Radio y Televisión Dominicana (CERTV), Canal 4.
jueves, 9 de octubre de 2008
Juicio a Senador Wilton Guerrero hará daño a imagen del gobierno
Santo Domingo, República Dominicana.- El abogado y politólogo Belarminio Ramírez Morillo dijo hoy que el juicio de que será objeto el Senador Wilton Guerrero por ante la Suprema Corte de Justicia hará mucho daño a la imagen de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Drogas, el Ministerio Público y al propio sistema de justicia.
“Ese es un juicio del que nadie que se considere buen dominicano saldrá ganancioso, por que allí aflorarán las debilidades de varias de las instituciones llamadas a preservar el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Si hay algo que no tiene sentido y que debe evitarse en momentos como los que vive la sociedad dominicana es un espectáculo de esa naturaleza.” Subrayó el profesor universitario.
Manifestó que los enfrentamientos verbales y las acusaciones que se han formulado el Senador de la Provincia Peravia señor Wilton Guerrero frente al Procurador General de la República doctor Radhamés Jiménez, el General Hilario, el Gobernador Provincial y los representantes locales de la DNCD y del Ministerio público le han hecho un daño irreparable a la imagen del gobierno que preside Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana.
“Se trata nada más y nada menos que del máximo representante del ministerio público y del representante en el Senado de una provincia, ambos altos dirigentes del PLD, quienes a través de los medios de comunicación se están haciendo acusaciones gravísimas sobre asuntos que ameritan de una investigación profunda, pero sobre todo de una reacción contundente del Primer Mandatario de la Nación de que no permitirá que comportamientos de esta naturaleza dañen su buena gestión, por que en definitiva, cuando se evalúa la gestión de un gobierno estos conflictos enturbian las buenas acciones y es lo que perdura por más tiempo en la mente de los ciudadanos.” Subrayó el escritor y político.
El ex dirigente reformista que trabajó por la candidatura de Leonel Fernández en la pasada contienda electoral, dijo que “ni el Presidente Fernández ni el PLD debieron permitir que llegara tan lejos un conflicto entre dos personalidades que desempeñan funciones públicas tan relevantes en la vida nacional.”
El primer mandatario de la Nación debe buscar la forma de que termine este dimes y diretes entre el Procurador General de la República y el senador de la Provincia Peravia, puesto que de no hacerlo estaría dando luz verde para que otros funcionarios públicos adopten conductas similares. Inclusive, se deben hacer los esfuerzos de lugar para evitar el juicio que tiene fijado la Suprema Corte de Justicia ante la demanda por difamación e injuria que le interpusiera el General Hilario.
Subrayó que cuando se trata de conflictos entre personalidades públicas que trasciende lo personal y afecta a las instituciones, lo más saludable es evitarlo. Puso como ejemplo la democracia norteamericana, que es modelo en el mundo, donde se hacen los esfuerzos de lugar para evitar juicios y conflictos públicos entre funcionarios que puedan hacerle daño a las instituciones y al sistema.
“Debido a las atribuciones de los personajes envueltos en el conflicto y a las acusaciones que se están haciendo uno y otro, esto más que un pleito personal toma ribetes de un conflicto que puede ser percibido por muchos como irrespeto a la autoridad y deterioro de la institucionalidad.” Subrayó el abogado y politólogo.
El escritor y profesor universitario dijo que el PLD durante los dos períodos que ha dirigido los destinos nacionales ha construido una imagen de cohesión y disciplina tanto en el manejo del partido como de los asuntos públicos. “Esa valoración es uno de los puntos elementales que hace al PLD diferente del PRD, es uno de sus puntos fuertes, y que los peledeistas no deben permitir que se pierda. Lo que está en juego es mucho, y el Presidente Fernández y el máximo órgano de dirección del PLD están en el deber de ponerle freno a este espectáculos de mal gusto.”
Expresó que en medio de los grandes retos que tiene el gobierno por delante, el que los funcionarios públicos entren en pleito de esta naturaleza es la forma más efectiva de hacerle el trabajo a la oposición.
Belarminio Ramírez expresó estos argumentos en una entrevista realizada por Encarnación Pimentel y Danilo Clime en el programa Sondeo de Televida, canal 41.
“Ese es un juicio del que nadie que se considere buen dominicano saldrá ganancioso, por que allí aflorarán las debilidades de varias de las instituciones llamadas a preservar el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Si hay algo que no tiene sentido y que debe evitarse en momentos como los que vive la sociedad dominicana es un espectáculo de esa naturaleza.” Subrayó el profesor universitario.
Manifestó que los enfrentamientos verbales y las acusaciones que se han formulado el Senador de la Provincia Peravia señor Wilton Guerrero frente al Procurador General de la República doctor Radhamés Jiménez, el General Hilario, el Gobernador Provincial y los representantes locales de la DNCD y del Ministerio público le han hecho un daño irreparable a la imagen del gobierno que preside Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana.
“Se trata nada más y nada menos que del máximo representante del ministerio público y del representante en el Senado de una provincia, ambos altos dirigentes del PLD, quienes a través de los medios de comunicación se están haciendo acusaciones gravísimas sobre asuntos que ameritan de una investigación profunda, pero sobre todo de una reacción contundente del Primer Mandatario de la Nación de que no permitirá que comportamientos de esta naturaleza dañen su buena gestión, por que en definitiva, cuando se evalúa la gestión de un gobierno estos conflictos enturbian las buenas acciones y es lo que perdura por más tiempo en la mente de los ciudadanos.” Subrayó el escritor y político.
El ex dirigente reformista que trabajó por la candidatura de Leonel Fernández en la pasada contienda electoral, dijo que “ni el Presidente Fernández ni el PLD debieron permitir que llegara tan lejos un conflicto entre dos personalidades que desempeñan funciones públicas tan relevantes en la vida nacional.”
El primer mandatario de la Nación debe buscar la forma de que termine este dimes y diretes entre el Procurador General de la República y el senador de la Provincia Peravia, puesto que de no hacerlo estaría dando luz verde para que otros funcionarios públicos adopten conductas similares. Inclusive, se deben hacer los esfuerzos de lugar para evitar el juicio que tiene fijado la Suprema Corte de Justicia ante la demanda por difamación e injuria que le interpusiera el General Hilario.
Subrayó que cuando se trata de conflictos entre personalidades públicas que trasciende lo personal y afecta a las instituciones, lo más saludable es evitarlo. Puso como ejemplo la democracia norteamericana, que es modelo en el mundo, donde se hacen los esfuerzos de lugar para evitar juicios y conflictos públicos entre funcionarios que puedan hacerle daño a las instituciones y al sistema.
“Debido a las atribuciones de los personajes envueltos en el conflicto y a las acusaciones que se están haciendo uno y otro, esto más que un pleito personal toma ribetes de un conflicto que puede ser percibido por muchos como irrespeto a la autoridad y deterioro de la institucionalidad.” Subrayó el abogado y politólogo.
El escritor y profesor universitario dijo que el PLD durante los dos períodos que ha dirigido los destinos nacionales ha construido una imagen de cohesión y disciplina tanto en el manejo del partido como de los asuntos públicos. “Esa valoración es uno de los puntos elementales que hace al PLD diferente del PRD, es uno de sus puntos fuertes, y que los peledeistas no deben permitir que se pierda. Lo que está en juego es mucho, y el Presidente Fernández y el máximo órgano de dirección del PLD están en el deber de ponerle freno a este espectáculos de mal gusto.”
Expresó que en medio de los grandes retos que tiene el gobierno por delante, el que los funcionarios públicos entren en pleito de esta naturaleza es la forma más efectiva de hacerle el trabajo a la oposición.
Belarminio Ramírez expresó estos argumentos en una entrevista realizada por Encarnación Pimentel y Danilo Clime en el programa Sondeo de Televida, canal 41.
martes, 7 de octubre de 2008
Proyecto de Reforma Constitucional persigue fortalecer al Poder Judicial
Santo Domingo, República Dominicana.- El politólogo y profesor de derecho Constitucional Belarminio Ramírez Morillo expresó que el poder público que es objeto de la propuesta de reforma más profunda a la luz del Proyecto de Reforma Constitucional, es el Poder Judicial, por que es el órgano que requiere de mayor cuidado y atención, debido al rol que le compete a la justicia en una sociedad que está siendo sacudida por la delincuencia, el narcotráfico, la impunidad, la corrupción y otros antivalores que amenazan con socavar la esencia misma de la conducta que le dio nacimiento al pueblo dominicano.
Valoró como positivo el trabajo realizado por la actual Suprema Corte de Justicia, así como la mejoría lograda en la administración de justicia a partir del 1994 cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. “Pero la verdad es que a pesar del desempeño de la Suprema Corte de Justicia hay un incremento del delito y del crimen organizado en el sentido amplio de la palabra, mientras tenemos una Suprema Corte de Justicia que está atocigada, debido a que concentra demasiadas funciones.”
“Pienso que los Jueces de la Suprema Corte de Justicia son profesionales excepcionales, personas intachables, con excelente hoja de servicios, pero la forma como está organizada la justicia en República Dominicana no le permite hacer más, y por eso es inminente realizar un cambio profundo en el sistema judicial.”
El profesor universitario dijo que en la reforma constitucional se procura quitarle funciones a la Suprema Corte de Justicia para encomendársela a otros órganos en procura de que el Poder Judicial funcione de manera más eficiente. “El propósito fundamental es fortalecer la justicia, no debilitarla o desmembrarla.”
Belarminio Ramírez expresó que la reforma constitucional procura darle a la justicia la importancia que amerita, y de ahí la propuesta de crear un Consejo del Poder Judicial, una Sala Constitucional y un Tribunal Superior Administrativo. “El poder público que saldrá más beneficiado, más fortalecido y más institucionalizado de la reforma constitucional, es el poder judicial.” Subrayó el autor del libro Derecho Constitucional –guía para la enseñanza y el aprendizaje-.
Manifestó que el Proyecto de Reforma Constitucional no solo le quita atribuciones a la Suprema Corte de Justicia, sino también al Poder Ejecutivo, al Congreso y a la Junta Central Electoral.
Considera como positivo el hecho de que las decisiones de la Sala Constitucional, el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Electoral no sean recurribles en casación, puesto que si algo afecta al sistema de justicia en República Dominicana es la lentitud con que se ejecutan los procedimientos, y esto le daría mayor celeridad a las decisiones de estos órganos.
El profesor Belarminio Ramírez instó a los legisladores a que incorporen en el Proyecto de Reforma Constitucional la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, a los fines de garantizar su verdadera independencia. Además subrayó la conveniencia de que la comisión bicameral que estudia el Proyecto escuche el parecer de los Miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Belarminio Ramírez expresó estos argumentos en una entrevista realizada por Virginia Goris en el programa Opinión Pública que se transmite por Cinevisión.
Valoró como positivo el trabajo realizado por la actual Suprema Corte de Justicia, así como la mejoría lograda en la administración de justicia a partir del 1994 cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. “Pero la verdad es que a pesar del desempeño de la Suprema Corte de Justicia hay un incremento del delito y del crimen organizado en el sentido amplio de la palabra, mientras tenemos una Suprema Corte de Justicia que está atocigada, debido a que concentra demasiadas funciones.”
“Pienso que los Jueces de la Suprema Corte de Justicia son profesionales excepcionales, personas intachables, con excelente hoja de servicios, pero la forma como está organizada la justicia en República Dominicana no le permite hacer más, y por eso es inminente realizar un cambio profundo en el sistema judicial.”
El profesor universitario dijo que en la reforma constitucional se procura quitarle funciones a la Suprema Corte de Justicia para encomendársela a otros órganos en procura de que el Poder Judicial funcione de manera más eficiente. “El propósito fundamental es fortalecer la justicia, no debilitarla o desmembrarla.”
Belarminio Ramírez expresó que la reforma constitucional procura darle a la justicia la importancia que amerita, y de ahí la propuesta de crear un Consejo del Poder Judicial, una Sala Constitucional y un Tribunal Superior Administrativo. “El poder público que saldrá más beneficiado, más fortalecido y más institucionalizado de la reforma constitucional, es el poder judicial.” Subrayó el autor del libro Derecho Constitucional –guía para la enseñanza y el aprendizaje-.
Manifestó que el Proyecto de Reforma Constitucional no solo le quita atribuciones a la Suprema Corte de Justicia, sino también al Poder Ejecutivo, al Congreso y a la Junta Central Electoral.
Considera como positivo el hecho de que las decisiones de la Sala Constitucional, el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Electoral no sean recurribles en casación, puesto que si algo afecta al sistema de justicia en República Dominicana es la lentitud con que se ejecutan los procedimientos, y esto le daría mayor celeridad a las decisiones de estos órganos.
El profesor Belarminio Ramírez instó a los legisladores a que incorporen en el Proyecto de Reforma Constitucional la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, a los fines de garantizar su verdadera independencia. Además subrayó la conveniencia de que la comisión bicameral que estudia el Proyecto escuche el parecer de los Miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Belarminio Ramírez expresó estos argumentos en una entrevista realizada por Virginia Goris en el programa Opinión Pública que se transmite por Cinevisión.
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