El control parlamentario responde a la idea de que el parlamento representa la expresión más rica y compleja de la voluntad popular.
La crisis de credibilidad porque atraviesa el Congreso en los países latinoamericanos, se debe básicamente a que los legisladores renunciaron a la función de control de las actuaciones del Poder Ejecutivo, y optaron por actuar en función de sus propios intereses personales y partidarios, olvidándose de los intereses de los ciudadanos que lo eligieron.
Ahora cuando el partido de gobierno tiene mayorías en las cámaras legislativas, es una coyuntura favorable para que el Congreso Nacional asuma las funciones de control sobre el Estado que les confiere la constitución de la República.
El control parlamentario responde a la idea de que el parlamento representa la expresión más rica y compleja de la voluntad popular. Es por lo tanto el órgano más representativo que puede ejercer un control o fiscalización de la actuación del ejecutivo.
En la presente coyuntura el congreso puede asumir esta función que tanta falta hace a la democracia dominicana, sin que la misma sea calificada de rebatiñas políticas, debido a que el PLD tiene mayorías y el bufete directivo del Senado y la Cámara de Diputados.
Ojala, Julio César Valentín y Reinaldo Pared Pérez entiendan que no es conveniente para el sistema democrático dominicano que el congreso entre en un papel pasivo de complacencia pura y simple con el Poder Ejecutivo.
Este congreso debe asumir la función de interpelar a varios funcionarios del Poder Ejecutivo, a fin de que expliquen al país asuntos relevantes sobre el desempeño de sus funciones. En este caso, los funcionarios interpelados no podrán alegar que se trata de que el Congreso pretenda tumbar al gobierno. Esa es la excusa que se da cuando el legislativo es controlado por los partidos de oposición.
El gobernador del Banco Central y el Secretario de Finanzas deben ser interpelados para que brinden al país un informe pormenorizado sobre el déficit cuasi fiscal y el endeudamiento externo.
Diandino Peña debe ser interpelado para que informe al país sobre la marcha del metro. Todavía nadie sabe, ni siquiera el propio Diandino, cuánto les costará esa obra a los contribuyentes.
La Secretaria de Educación, doña Alejandrina Germán, debe ser llamada por los congresistas para que brinde un informe sobre el estado actual del sistema educativo nacional. No puede progresar un país en que no se prioriza la inversión en la educación.
El sistema educativo dominicano entra en una aguda crisis debido a que el Poder Ejecutivo no les entrega los recursos necesarios. Si hoy somos uno de los países del continente que menos invierte en la educación, dónde estaremos en los años venideros, cuando se anuncia que en el año 2007 se les dedicará a la educación menos recursos que en el presente año 2006.
También, el Secretario de Salud Pública, debe ser invitado por el congreso para que haga una radiografía del estado actual de los centros públicos de salud.
De hacerlo, el congreso de mayoría peledeista estaría ayudando a mejorar la imagen y legitimidad de su propio gobierno, puesto que uno de los puntos débiles del peledeismo en el poder, es la prepotencia y la intolerancia con que se comportan. Evaden el careo entre los funcionarios públicos y la ciudadanía.
Los funcionarios peledeistas prefieren informar y comunicar a su antojo. De todos los gobiernos democráticos que ha tenido el país, en este es donde menos los funcionarios públicos ofrecen ruedas de prensa. Hacen lo que les viene en gana. Actúan como si no le temieran a la opinión pública, y ese es un error que se paga caro.
Ese comportamiento se debe en parte a que los funcionarios públicos no temen a ser destituidos por el Presidente Leonel Fernández. Esa indiferencia a la opinión pública, el electorado la cobrará en las urnas, como lo hizo el 16 de mayo del 2000.
El artículo 37, inciso 22 de la Constitución de la República, establece como una de las atribuciones del Congreso: “Interpelar a los Secretarios de Estado y a los Directores o Administradores de Organismos autónomos del Estado, sobre asunto de su competencia, cuando así lo acordare las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara que lo solicite, a requerimiento de uno o varios de sus miembros”.
La interpelación debe ser vista como una atribución del pueblo delegada en sus representantes. Es conveniente que los funcionarios sean interpelados cuantas veces sea necesario, a fin de llevar transparencia a la gestión pública, evitar corrupción administrativa y garantizar que funcionarios inescrupulosos lesionen el interés público.
El control o fiscalización parlamentaria es un instrumento de control jurídico constitucional que tiene por objeto determinar si las actividades se están realizando según manda la ley. Es una función que enriquece a la democracia, en el sentido de que el Congreso sirve de foro público de la actuación del gobierno, permitiendo que la ciudadanía y la opinión pública conozcan las actuaciones de los órganos y sus respectivas justificaciones.
Parece que, como dijera Simón Bolívar, los Estados latinoamericanos lo que necesitan son reyes con el nombre de presidentes. Los liberales cuando están en la oposición abogan por la autonomía de las instituciones públicas, el estado de derecho y la separación de los poderes públicos, pero una vez arriban al poder, son sensibles a las críticas y toda acción normal y legítima de la oposición es concebida como síntomas de conspiración.
La crisis de credibilidad porque atraviesa el Congreso en los países latinoamericanos, se debe básicamente a que los legisladores renunciaron a la función de control de las actuaciones del Poder Ejecutivo, y optaron por actuar en función de sus propios intereses personales y partidarios, olvidándose de los intereses de los ciudadanos que lo eligieron.
Ahora cuando el partido de gobierno tiene mayorías en las cámaras legislativas, es una coyuntura favorable para que el Congreso Nacional asuma las funciones de control sobre el Estado que les confiere la constitución de la República.
El control parlamentario responde a la idea de que el parlamento representa la expresión más rica y compleja de la voluntad popular. Es por lo tanto el órgano más representativo que puede ejercer un control o fiscalización de la actuación del ejecutivo.
En la presente coyuntura el congreso puede asumir esta función que tanta falta hace a la democracia dominicana, sin que la misma sea calificada de rebatiñas políticas, debido a que el PLD tiene mayorías y el bufete directivo del Senado y la Cámara de Diputados.
Ojala, Julio César Valentín y Reinaldo Pared Pérez entiendan que no es conveniente para el sistema democrático dominicano que el congreso entre en un papel pasivo de complacencia pura y simple con el Poder Ejecutivo.
Este congreso debe asumir la función de interpelar a varios funcionarios del Poder Ejecutivo, a fin de que expliquen al país asuntos relevantes sobre el desempeño de sus funciones. En este caso, los funcionarios interpelados no podrán alegar que se trata de que el Congreso pretenda tumbar al gobierno. Esa es la excusa que se da cuando el legislativo es controlado por los partidos de oposición.
El gobernador del Banco Central y el Secretario de Finanzas deben ser interpelados para que brinden al país un informe pormenorizado sobre el déficit cuasi fiscal y el endeudamiento externo.
Diandino Peña debe ser interpelado para que informe al país sobre la marcha del metro. Todavía nadie sabe, ni siquiera el propio Diandino, cuánto les costará esa obra a los contribuyentes.
La Secretaria de Educación, doña Alejandrina Germán, debe ser llamada por los congresistas para que brinde un informe sobre el estado actual del sistema educativo nacional. No puede progresar un país en que no se prioriza la inversión en la educación.
El sistema educativo dominicano entra en una aguda crisis debido a que el Poder Ejecutivo no les entrega los recursos necesarios. Si hoy somos uno de los países del continente que menos invierte en la educación, dónde estaremos en los años venideros, cuando se anuncia que en el año 2007 se les dedicará a la educación menos recursos que en el presente año 2006.
También, el Secretario de Salud Pública, debe ser invitado por el congreso para que haga una radiografía del estado actual de los centros públicos de salud.
De hacerlo, el congreso de mayoría peledeista estaría ayudando a mejorar la imagen y legitimidad de su propio gobierno, puesto que uno de los puntos débiles del peledeismo en el poder, es la prepotencia y la intolerancia con que se comportan. Evaden el careo entre los funcionarios públicos y la ciudadanía.
Los funcionarios peledeistas prefieren informar y comunicar a su antojo. De todos los gobiernos democráticos que ha tenido el país, en este es donde menos los funcionarios públicos ofrecen ruedas de prensa. Hacen lo que les viene en gana. Actúan como si no le temieran a la opinión pública, y ese es un error que se paga caro.
Ese comportamiento se debe en parte a que los funcionarios públicos no temen a ser destituidos por el Presidente Leonel Fernández. Esa indiferencia a la opinión pública, el electorado la cobrará en las urnas, como lo hizo el 16 de mayo del 2000.
El artículo 37, inciso 22 de la Constitución de la República, establece como una de las atribuciones del Congreso: “Interpelar a los Secretarios de Estado y a los Directores o Administradores de Organismos autónomos del Estado, sobre asunto de su competencia, cuando así lo acordare las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara que lo solicite, a requerimiento de uno o varios de sus miembros”.
La interpelación debe ser vista como una atribución del pueblo delegada en sus representantes. Es conveniente que los funcionarios sean interpelados cuantas veces sea necesario, a fin de llevar transparencia a la gestión pública, evitar corrupción administrativa y garantizar que funcionarios inescrupulosos lesionen el interés público.
El control o fiscalización parlamentaria es un instrumento de control jurídico constitucional que tiene por objeto determinar si las actividades se están realizando según manda la ley. Es una función que enriquece a la democracia, en el sentido de que el Congreso sirve de foro público de la actuación del gobierno, permitiendo que la ciudadanía y la opinión pública conozcan las actuaciones de los órganos y sus respectivas justificaciones.
Parece que, como dijera Simón Bolívar, los Estados latinoamericanos lo que necesitan son reyes con el nombre de presidentes. Los liberales cuando están en la oposición abogan por la autonomía de las instituciones públicas, el estado de derecho y la separación de los poderes públicos, pero una vez arriban al poder, son sensibles a las críticas y toda acción normal y legítima de la oposición es concebida como síntomas de conspiración.
