El observador independiente
28/04/07
SANTO DOMINGO.-El dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Belarminio Ramírez Morillo, abogó por una urgente regulación de los partidos políticos y las campañas electorales, a fin de reducir el coste de las contiendas electorales.
El politólogo dijo que la República Dominicana es un país muy pobre, y sin embargo, tiene la democracia más cara del mundo. Nuestro principal reto es reducir el coste de la política electoral.
Expresó que el momento es oportuno para iniciar la discusión consensuada de una propuesta de reforma electoral que esté focalizada al fortalecimiento del sistema democrático. Debemos frenar de una vez y para siempre la cultura de remiendos a que nos tienen acostumbrados los políticos del patio dominicano.
El dirigente reformista planteó las reformas al sistema político y electoral dominicano en una disertación en el Seminario Constitución y Reformas Electorales que se llevó a cabo en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), en el Municipio Santo Domingo Este.
Al mismo tiempo aclaró que no se debe seguir aupando reformas electorales sin antes evaluar el coste económico que implique su implementación.
El catedrático universitario dijo que el mal principal de la democracia dominicana no está en el sistema electoral, sino en los partidos políticos y en la conducta del liderazgo.Manifestó que los políticos sensatos y la sociedad civil están en el deber de trabajar de incoar acciones de manera conjunta para fortalecer el sistema democrático.
Expresó que la democracia no es un sistema político perfecto, pero que es el mejor de los sistemas conocidos en la historia hasta el momento.
Exhortó a la sociedad civil y los políticos de ideas avanzadas deben actuar con cautela, y antes de plantear nuevas reformas al sistema electoral, debemos evaluar las reformas realizadas.
Manifestó que en el 1994 el sistema electoral dominicano entró en un dinámico proceso de reformas y cambios, y sin embargo, muchas de esas reformas no han cumplido su cometido, puesto que no fueron fruto del análisis sospesado, del estudio crítico y de la conclusión reflexiva.
Expresó que las mayorías de las reformas hechas al sistema político y electoral dominicano se llevaron a cabo como medidas de emergencias para paliar crisis políticas y evitar posibles rupturas en el ordenamiento social.
El experto electoral dijo que a pesar de que tenemos 23 años realizando reformas políticas y electorales, el sistema democrático dominicano nunca había estado tan amenazado como en el presente. Nuestra democracia no está amenazada por el comunismo, como en el pasado, está amenazada por la ineficiencia, la injusticia y la inoperancia.
Recordó que separamos las elecciones para evitar que el Presidente de la República en su elección arrastrara a los senadores, diputados, síndicos y regidores. Actuando bajo la percepción equivocada de que las debilidades de los poderes legislativo y municipal eran fruto de la forma de elección de sus miembros y autoridades. Cuando en realidad esas debilidades son la resultante de nuestra fragilidad institucional y de nuestra cultura política, situaciones que no se resuelven con simples reformas, puesto que requieren de largos procesos de socialización, educación y aprendizaje.
Adujo que con esa reforma la sociedad dominicana ha sido sometida a una permanente campaña electoral, que se convierte en un trastorno de nuestras vidas, en el sentido amplio de la palabra.Expresó que el momento es oportuno para evaluar si vale o no la pena realizar elecciones cada dos años.
Belarminio Ramírez dijo que no debemos ocultar el hecho de que la separación de las elecciones ha sido un abono y estímulo al clientelismo político, y ha contribuido a que cada dos años se malgasten miles de millones de pesos que debieran ser invertidos en programas sociales.
A la interrogante: ¿Cuánto cuesta unas elecciones en República Dominicana? Respondió: Nunca lo sobremos. Pero lo que si sabemos es que el dinero que se mal gasta en campañas clientelares sale de la “costilla” de los ciudadanos y ciudadanas.
Adujo que tenemos un sistema clientelista parasitario que se “traga” anualmente cuantiosos recursos que bien pueden ser destinados a educación, salud, preservación del medio ambiente, proyectos de viviendas, acueductos, mantenimiento de obras públicas, en fin, en programas que beneficien a la colectividad.
El abogado y politólogo se declaró partidario de que las elecciones congresuales y municipales se acerquen a las presidenciales para que se realice una sola campaña electoral.
Recordó que Implementamos el financiamiento a los partidos políticos y a las campañas electorales con el propósito de evitar que el dinero sucio, o sea fruto de la corrupción o del narcotráfico, penetrara a las campañas electorales y controlara operativamente a esas organizaciones.
Dijo que de forma errónea se pensó que con el financiamiento público los partidos políticos se fortalecerían en términos institucionales, mejoraría la calidad de sus dirigentes debido a que una parte considerable de los mismos serían utilizados en labores de capacitación, y contribuiría al relevo del liderazgo, debido a que en la práctica los espacios políticos eran básicamente controlados por personas que financiaban los gastos operativos de las entidades.
Dijo que desde 1998 cuando entró en vigencia el financiamiento público a los partidos políticos hasta el momento actual, estas entidades han recibido miles de millones de pesos, y el resultado es que están más fragmentadas, tienen mayores deficiencias en términos institucionales, y la calidad de su dirigencia cada día es peor. El financiamiento ha contribuido a que una burocracia parasitaria, atraída por la administración de esos fondos, se apodere de estructuras partidarias.
Expresó que lo más lamentable aún, es el hecho de que tenemos un financiamiento público a los partidos, pero no tenemos límites al financiamiento privado. Los partidos se están degradando a niveles tales que los dirigentes están siendo valorados en función de la fortuna que tengan y que estén dispuestos a gastar, sin importar su origen.
Se mostró partidario de que los partidos fiscalizados de que la Junta Central Electoral, y si es necesario la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas fiscalicen el uso que se les da a esos recursos.
El profesor universitario manifestó que fueron creadas las circunscripciones electorales y posteriormente el voto preferencial con el propósito de fortalecer la legitimidad del Poder Legislativo, fortalecer la representatividad creando mecanismos para que los funcionarios electos no se distanciaran de sus electores, y en la medida de lo posible, mejorar la calidad de los representantes.
Dijo que los resultados han sido totalmente distintos de lo pensado. El voto preferencial lo que ha hecho es fortalecer el clientelismo político y encarecer las campañas electorales. Obliga al dirigente que aspira a ser electo y al legislador que aspira a reelegirse, a estar en el día a día con un electorado que en su inmensa mayoría ignora que la función de un legislador es producir las leyes necesarias para el desarrollo de la sociedad, y no la labor cotidiana de realizar operativos médicos, comprar recetas, buscar empleos y enterrar muertos.
Expresó que el voto preferencial no ha contribuido a mejorar la calidad de los legisladores.Dijo que los legisladores en su inmensa mayoría, compraron los puestos. Los niveles de pobreza que tenemos es un terreno fértil para que cualquier persona que esté dispuesto a gastar diez o veinte millones de pesos llegue al Congreso Nacional.
El académico dijo que asumir una posición sobre el voto preferencial es mucho más compleja. Si contáramos con un sistema de partidos que tuviera como norte trabajar junto a la comunidad en la búsqueda de solución de los problemas, lo más pertinente fuera que volviéramos al sistema anterior, en que al votar por el candidato a senador se votaba concomitantemente por la lista de diputados del mismo partido.
Expresó que podemos hacer todas las reformas electorales habidas y por haber, y si no mejoramos la calidad de los políticos y cambiamos la forma de hacer política, estas no servirán para nada.
El escritor y dirigente reformista dijo que es necesario alterar la composición partidista de los organismos electorales. La escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral no debe ser facultad exclusiva del senado de la República. Es aconsejable que estos sean seleccionados por una institución similar al Consejo Nacional de la Magistratura, que sea representativa de los diversos sectores de la vida nacional -partidos, empresarios, universidades, iglesias, sociedad civil, entre otros-.
Enfatizó en la necesidad del fortalecimiento institucional de los órganos electorales. Dijo que no existe verdadera autonomía donde no hay independencia presupuestaria.
Lamentó que la labor de la Junta Central Electoral y la organización a tiempo de las elecciones dependan en parte de la actitud del presidente de la República de turno. En cada campaña electoral observamos cómo el trabajo de la Junta está condicionado a que el presidente de la República autorice la entrega de los recursos económicos.
En ese mismo orden manifestó que el fortalecimiento institucional de los órganos electorales tiene relación directa con la calidad y capacidad del personal administrativo. Por tanto, es necesario establecer la carrera electoral, a fin de evitar que se repitan situaciones como en el pasado, en que un cambio de jueces electorales se traduce en un despido masivo de funcionarios y empleados. La carrera electoral conduce también a que los partidos formen cuadros especializados exclusivamente en el tema electoral.
Formuló que es necesario crear un Tribunal de Administración de Justicia en material Electoral, puesto que en la práctica la creación de dos cámaras, una contenciosa y otra administrativa, no ha cumplido el cometido deseado, ya que los jueces de la cámara contenciosa se involucran en la organización de las elecciones.
El profesor universitario dijo que se debe crear una circunscripción nacional, a fin de que los partidos pequeños tengan posibilidades de tener un representante en la Cámara de Diputados. Esa circunscripción puede estar integrada por cinco o siete diputados adjudicados a los partidos que obtengan más del 1% de los votos nacionales.
Enfatizó en la necesidad de congelar la matrícula de diputados y senadores por 20 años. Debe hacerse lo mismo en el caso de los Municipios y Distritos Municipales.
Belarminio Ramírez dijo que es urgente la regulación de los partidos políticos y de las campañas electorales.Expresó que hora de que la sociedad civil y los partidos políticos trabajen juntos en procura de buscar la cura que necesita el sistema político y electoral.
lunes, 30 de abril de 2007
sábado, 21 de abril de 2007
Insta a LF a impedir el uso de símbolos del PRSC en actos
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El escritor y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano Belarminio Ramírez Morillo solicitó al Presidente de la República Leonel Fernández Reyna que baje una linea a sus seguidores para que no utilicen los símbolos del Partido Reformista Social Cristiano. El abogado y político manifestó que la consternación que existe en las filas del reformismo por el permanente irrespeto en que incurren otrora dirigentes del PRSC que forman parte del gobierno peledeista es de tal magnitud que puede degenerar en actos de violencia en el proceso electoral que se inicia.
Belarminio Ramírez Morillo manifestó que la misión de un presidente de la República y sobre todo de un gobierno es promover la armonía y la convivencia pacífica y civilizada entre las diversas fuerzas políticas y sociales de la vida nacional.
Manifestó que a quien más perjudica un posible enfrentamiento que se traduzca en violencia entre dirigentes del reformismo y seguidores de Leonel Fernández es al propio presidente de la República.
Adujo que no tiene sentido que el presidente de la República patrocine hechos que puedan lesionar su imagen como Primer Mandatario de la Nación.
Esa no es la misión de un gobernante que aspira a pasar a la historia como un civilista, expresó el catedrático universitario.
En ese mismo sentido, Belarminio Ramírez dijo que la Junta Central Electoral tiene facultades para impedir que personas ajenas a una entidad partidaria utilicen sus símbolos.
Expresó que el alto tribunal electoral está en el deber de hacer cumplir su autoridad. Calificó como vergonzoso que en pleno siglo XXI los políticos dominicanos estén asumiendo comportamientos salvajes como si estuviéramos en pleno siglo XIX cuando el desorden y la desintitucionalización era la regla de juego.
Belarminio Ramírez Morillo manifestó que la misión de un presidente de la República y sobre todo de un gobierno es promover la armonía y la convivencia pacífica y civilizada entre las diversas fuerzas políticas y sociales de la vida nacional.
Manifestó que a quien más perjudica un posible enfrentamiento que se traduzca en violencia entre dirigentes del reformismo y seguidores de Leonel Fernández es al propio presidente de la República.
Adujo que no tiene sentido que el presidente de la República patrocine hechos que puedan lesionar su imagen como Primer Mandatario de la Nación.
Esa no es la misión de un gobernante que aspira a pasar a la historia como un civilista, expresó el catedrático universitario.
En ese mismo sentido, Belarminio Ramírez dijo que la Junta Central Electoral tiene facultades para impedir que personas ajenas a una entidad partidaria utilicen sus símbolos.
Expresó que el alto tribunal electoral está en el deber de hacer cumplir su autoridad. Calificó como vergonzoso que en pleno siglo XXI los políticos dominicanos estén asumiendo comportamientos salvajes como si estuviéramos en pleno siglo XIX cuando el desorden y la desintitucionalización era la regla de juego.
martes, 14 de noviembre de 2006
El control parlamentario
El control parlamentario responde a la idea de que el parlamento representa la expresión más rica y compleja de la voluntad popular.
La crisis de credibilidad porque atraviesa el Congreso en los países latinoamericanos, se debe básicamente a que los legisladores renunciaron a la función de control de las actuaciones del Poder Ejecutivo, y optaron por actuar en función de sus propios intereses personales y partidarios, olvidándose de los intereses de los ciudadanos que lo eligieron.
Ahora cuando el partido de gobierno tiene mayorías en las cámaras legislativas, es una coyuntura favorable para que el Congreso Nacional asuma las funciones de control sobre el Estado que les confiere la constitución de la República.
El control parlamentario responde a la idea de que el parlamento representa la expresión más rica y compleja de la voluntad popular. Es por lo tanto el órgano más representativo que puede ejercer un control o fiscalización de la actuación del ejecutivo.
En la presente coyuntura el congreso puede asumir esta función que tanta falta hace a la democracia dominicana, sin que la misma sea calificada de rebatiñas políticas, debido a que el PLD tiene mayorías y el bufete directivo del Senado y la Cámara de Diputados.
Ojala, Julio César Valentín y Reinaldo Pared Pérez entiendan que no es conveniente para el sistema democrático dominicano que el congreso entre en un papel pasivo de complacencia pura y simple con el Poder Ejecutivo.
Este congreso debe asumir la función de interpelar a varios funcionarios del Poder Ejecutivo, a fin de que expliquen al país asuntos relevantes sobre el desempeño de sus funciones. En este caso, los funcionarios interpelados no podrán alegar que se trata de que el Congreso pretenda tumbar al gobierno. Esa es la excusa que se da cuando el legislativo es controlado por los partidos de oposición.
El gobernador del Banco Central y el Secretario de Finanzas deben ser interpelados para que brinden al país un informe pormenorizado sobre el déficit cuasi fiscal y el endeudamiento externo.
Diandino Peña debe ser interpelado para que informe al país sobre la marcha del metro. Todavía nadie sabe, ni siquiera el propio Diandino, cuánto les costará esa obra a los contribuyentes.
La Secretaria de Educación, doña Alejandrina Germán, debe ser llamada por los congresistas para que brinde un informe sobre el estado actual del sistema educativo nacional. No puede progresar un país en que no se prioriza la inversión en la educación.
El sistema educativo dominicano entra en una aguda crisis debido a que el Poder Ejecutivo no les entrega los recursos necesarios. Si hoy somos uno de los países del continente que menos invierte en la educación, dónde estaremos en los años venideros, cuando se anuncia que en el año 2007 se les dedicará a la educación menos recursos que en el presente año 2006.
También, el Secretario de Salud Pública, debe ser invitado por el congreso para que haga una radiografía del estado actual de los centros públicos de salud.
De hacerlo, el congreso de mayoría peledeista estaría ayudando a mejorar la imagen y legitimidad de su propio gobierno, puesto que uno de los puntos débiles del peledeismo en el poder, es la prepotencia y la intolerancia con que se comportan. Evaden el careo entre los funcionarios públicos y la ciudadanía.
Los funcionarios peledeistas prefieren informar y comunicar a su antojo. De todos los gobiernos democráticos que ha tenido el país, en este es donde menos los funcionarios públicos ofrecen ruedas de prensa. Hacen lo que les viene en gana. Actúan como si no le temieran a la opinión pública, y ese es un error que se paga caro.
Ese comportamiento se debe en parte a que los funcionarios públicos no temen a ser destituidos por el Presidente Leonel Fernández. Esa indiferencia a la opinión pública, el electorado la cobrará en las urnas, como lo hizo el 16 de mayo del 2000.
El artículo 37, inciso 22 de la Constitución de la República, establece como una de las atribuciones del Congreso: “Interpelar a los Secretarios de Estado y a los Directores o Administradores de Organismos autónomos del Estado, sobre asunto de su competencia, cuando así lo acordare las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara que lo solicite, a requerimiento de uno o varios de sus miembros”.
La interpelación debe ser vista como una atribución del pueblo delegada en sus representantes. Es conveniente que los funcionarios sean interpelados cuantas veces sea necesario, a fin de llevar transparencia a la gestión pública, evitar corrupción administrativa y garantizar que funcionarios inescrupulosos lesionen el interés público.
El control o fiscalización parlamentaria es un instrumento de control jurídico constitucional que tiene por objeto determinar si las actividades se están realizando según manda la ley. Es una función que enriquece a la democracia, en el sentido de que el Congreso sirve de foro público de la actuación del gobierno, permitiendo que la ciudadanía y la opinión pública conozcan las actuaciones de los órganos y sus respectivas justificaciones.
Parece que, como dijera Simón Bolívar, los Estados latinoamericanos lo que necesitan son reyes con el nombre de presidentes. Los liberales cuando están en la oposición abogan por la autonomía de las instituciones públicas, el estado de derecho y la separación de los poderes públicos, pero una vez arriban al poder, son sensibles a las críticas y toda acción normal y legítima de la oposición es concebida como síntomas de conspiración.
La crisis de credibilidad porque atraviesa el Congreso en los países latinoamericanos, se debe básicamente a que los legisladores renunciaron a la función de control de las actuaciones del Poder Ejecutivo, y optaron por actuar en función de sus propios intereses personales y partidarios, olvidándose de los intereses de los ciudadanos que lo eligieron.
Ahora cuando el partido de gobierno tiene mayorías en las cámaras legislativas, es una coyuntura favorable para que el Congreso Nacional asuma las funciones de control sobre el Estado que les confiere la constitución de la República.
El control parlamentario responde a la idea de que el parlamento representa la expresión más rica y compleja de la voluntad popular. Es por lo tanto el órgano más representativo que puede ejercer un control o fiscalización de la actuación del ejecutivo.
En la presente coyuntura el congreso puede asumir esta función que tanta falta hace a la democracia dominicana, sin que la misma sea calificada de rebatiñas políticas, debido a que el PLD tiene mayorías y el bufete directivo del Senado y la Cámara de Diputados.
Ojala, Julio César Valentín y Reinaldo Pared Pérez entiendan que no es conveniente para el sistema democrático dominicano que el congreso entre en un papel pasivo de complacencia pura y simple con el Poder Ejecutivo.
Este congreso debe asumir la función de interpelar a varios funcionarios del Poder Ejecutivo, a fin de que expliquen al país asuntos relevantes sobre el desempeño de sus funciones. En este caso, los funcionarios interpelados no podrán alegar que se trata de que el Congreso pretenda tumbar al gobierno. Esa es la excusa que se da cuando el legislativo es controlado por los partidos de oposición.
El gobernador del Banco Central y el Secretario de Finanzas deben ser interpelados para que brinden al país un informe pormenorizado sobre el déficit cuasi fiscal y el endeudamiento externo.
Diandino Peña debe ser interpelado para que informe al país sobre la marcha del metro. Todavía nadie sabe, ni siquiera el propio Diandino, cuánto les costará esa obra a los contribuyentes.
La Secretaria de Educación, doña Alejandrina Germán, debe ser llamada por los congresistas para que brinde un informe sobre el estado actual del sistema educativo nacional. No puede progresar un país en que no se prioriza la inversión en la educación.
El sistema educativo dominicano entra en una aguda crisis debido a que el Poder Ejecutivo no les entrega los recursos necesarios. Si hoy somos uno de los países del continente que menos invierte en la educación, dónde estaremos en los años venideros, cuando se anuncia que en el año 2007 se les dedicará a la educación menos recursos que en el presente año 2006.
También, el Secretario de Salud Pública, debe ser invitado por el congreso para que haga una radiografía del estado actual de los centros públicos de salud.
De hacerlo, el congreso de mayoría peledeista estaría ayudando a mejorar la imagen y legitimidad de su propio gobierno, puesto que uno de los puntos débiles del peledeismo en el poder, es la prepotencia y la intolerancia con que se comportan. Evaden el careo entre los funcionarios públicos y la ciudadanía.
Los funcionarios peledeistas prefieren informar y comunicar a su antojo. De todos los gobiernos democráticos que ha tenido el país, en este es donde menos los funcionarios públicos ofrecen ruedas de prensa. Hacen lo que les viene en gana. Actúan como si no le temieran a la opinión pública, y ese es un error que se paga caro.
Ese comportamiento se debe en parte a que los funcionarios públicos no temen a ser destituidos por el Presidente Leonel Fernández. Esa indiferencia a la opinión pública, el electorado la cobrará en las urnas, como lo hizo el 16 de mayo del 2000.
El artículo 37, inciso 22 de la Constitución de la República, establece como una de las atribuciones del Congreso: “Interpelar a los Secretarios de Estado y a los Directores o Administradores de Organismos autónomos del Estado, sobre asunto de su competencia, cuando así lo acordare las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara que lo solicite, a requerimiento de uno o varios de sus miembros”.
La interpelación debe ser vista como una atribución del pueblo delegada en sus representantes. Es conveniente que los funcionarios sean interpelados cuantas veces sea necesario, a fin de llevar transparencia a la gestión pública, evitar corrupción administrativa y garantizar que funcionarios inescrupulosos lesionen el interés público.
El control o fiscalización parlamentaria es un instrumento de control jurídico constitucional que tiene por objeto determinar si las actividades se están realizando según manda la ley. Es una función que enriquece a la democracia, en el sentido de que el Congreso sirve de foro público de la actuación del gobierno, permitiendo que la ciudadanía y la opinión pública conozcan las actuaciones de los órganos y sus respectivas justificaciones.
Parece que, como dijera Simón Bolívar, los Estados latinoamericanos lo que necesitan son reyes con el nombre de presidentes. Los liberales cuando están en la oposición abogan por la autonomía de las instituciones públicas, el estado de derecho y la separación de los poderes públicos, pero una vez arriban al poder, son sensibles a las críticas y toda acción normal y legítima de la oposición es concebida como síntomas de conspiración.
martes, 31 de octubre de 2006
Democracia ¿para qué?
Lo que está en discusión es la implementación de mecanismos para ir sustituyendo la democracia representativa por la democracia participativa.
En las discusiones sobre reforma constitucional en la República Dominicana, se conocen las iniciativas de establecer el plebiscito, el referéndum y la revocación del mandato, a fin de dotar de mayor legitimidad el ejercicio del poder político y de garantizar que el ejercicio gubernamental responda a las demandas de la población.
La propuesta es interesante, debido a que persigue que el ejercicio del poder público esté revestido al mismo tiempo de legalidad y legitimidad, y en el momento en que esta última se pierda, el pueblo pueda revocar el mandato de quién o de quiénes se hayan divorciado de los propósitos fundamentales de su designación.
Lo que está en discusión es la implementación de mecanismos para ir sustituyendo la democracia representativa por la democracia participativa. Aunque, está pendiente la tarea de determinar de forma clara los procedimientos que se utilizarán para hacer posible ese cambio.
En todas estas arengas de discusiones teóricas han sido despertadas expectativas en amplios sectores de la población, cómo si el problema fundamental de la sociedad dominicana descansara en mantener o aumentar los niveles de participación en las tomas de decisiones públicas.
Estas propuestas son interesantes, y en ciertas medidas sirven para mantener vivas esperanzas e ilusiones de una población que aunque supuestamente vive en democracia, no tiene una idea mínima de los deberes que implica ese sistema cuando logra consagrarse en cultura política.
Cuando participo en esos círculos de análisis para las reformas constitucionales, políticas y electorales, observo la inspiración con que actúan muchos conciudadanos, quienes piensan que dándole al país una moderna constitución o un moderno marco jurídico y legal estamos resolviendo los problemas de la sociedad.
En ciertas medidas felicito y admiro a esos colegas, por que en el fondo son personas sanas, decentes, soñadoras, trabajadoras y preocupadas por los problemas nacionales. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta que no están sintonizadas con el sentir de la inmensa mayoría de la población. En la coyuntura de dificultades en que vivimos es necesario que la clase intelectual comience a poner los pies sobre la tierra.
La democracia directa como la sustentan algunos tratadistas de las ciencias políticas y como la propugnan algunos voceros de la sociedad civil en el patio dominicano, es una utopía, puesto que el crecimiento poblacional y las complejidades que afrontan los seres humanos para vivir en este mundo civilizado, imposibilitan la convivencia en un sistema donde las decisiones se tomen en asambleas populares con todos los miembros de la colectividad reunidos.
Como plantea Jáuregui, la profundización de la democracia implica la búsqueda permanente de fórmulas dirigidas a reducir el abismo entre la democracia real y la ideal, o dicho en términos kelsenianos, a ampliar el pueblo como sujeto de los derechos políticos.
Lo característico de la democracia no es que se dé una identidad perfecta entre la voluntad gobernante y la voluntad del pueblo, cosa del todo imposible, sino que se acerque lo más posible a los deseos y las capacidades de los ciudadanos. Para que un sistema democrático resulte viable es imprescindible que cuente con un asentimiento y apoyo generalizados.
De ahí que, para que el sistema democrático se ajuste a las demandas de las mayorías, la democracia debe ser concebida como un método político, o más bien, como un concierto institucional para arribar a decisiones políticas, ya sean legislativas o administrativas.
La democracia representativa seguirá existiendo, pero es urgente la adopción de medidas que orienten a mejorar su funcionamiento, o de lo contrario debemos irnos preparando para en un futuro no lejano volver a regímenes autoritarios, que debido a las complejidades del mundo en que vivimos no podrán ser similares a las dictaduras vividas en los siglos XIX y XX, pero que necesariamente deberán garantizar orden e implementación de medidas sociales que mejoren los niveles de vida de casi un 80% de la población, que por un lado disfruta el placer de vivir en un mundo de tecnologías, vanidades e ilusiones, pero que al mismo tiempo, choca con una dura realidad al no disponer de recursos económicos para responder a las expectativas que les son creadas por el propio medio en que viven.
Los dominicanos pobres y de clase media viven muy felices, deleitándose al ver una telenovela, una película, un juego de pelota; mientras los niños juegan incesantemente en las computadoras. Pero toda esa felicidad desaparece en el momento en que no hay con qué comprar los alimentos, en el momento en que no hay con qué pagar el colegio, en el momento en que no hay dinero para comprar una medicina, en el momento en que no hay dinero para pagar la energía eléctrica, la renta de la casa, el teléfono, entre otros compromisos y obligaciones del diario vivir.
En vista de que los partidos han ido perdiendo credibilidad y adeptos, es necesario implementar nuevos mecanismos de participación, donde los ciudadanos sean copartícipes de las decisiones de alto interés nacional. Pero los actores políticos nacionales y las personas que incidimos en la opinión pública, jamás debemos perder de vista el hecho de que estos mecanismos de participación propuestos, aunque interesantes, no resuelven en lo más mínimo los acuciantes problemas de la población.
La participación política es buena, es el alma de un pueblo y el espíritu de la democracia, siempre y cuando las personas tengan niveles mínimos de vida asegurados. Cuando no hay asegurada alimentación, salud, educación, orden, entre otros elementos vitales del diario vivir, todas estas reformas que aspiramos a implementar se convierten en letras muertas.
Ante el deterioro de los niveles de vida, la precaria seguridad ciudadana, el imperio de la impunidad y la corrupción, y el pésimo desempeño de las instituciones públicas, que a cada momento representan menos a los ciudadanos y ciudadanas, las personas se están preguntando: Democracia ¿para qué?
En las discusiones sobre reforma constitucional en la República Dominicana, se conocen las iniciativas de establecer el plebiscito, el referéndum y la revocación del mandato, a fin de dotar de mayor legitimidad el ejercicio del poder político y de garantizar que el ejercicio gubernamental responda a las demandas de la población.
La propuesta es interesante, debido a que persigue que el ejercicio del poder público esté revestido al mismo tiempo de legalidad y legitimidad, y en el momento en que esta última se pierda, el pueblo pueda revocar el mandato de quién o de quiénes se hayan divorciado de los propósitos fundamentales de su designación.
Lo que está en discusión es la implementación de mecanismos para ir sustituyendo la democracia representativa por la democracia participativa. Aunque, está pendiente la tarea de determinar de forma clara los procedimientos que se utilizarán para hacer posible ese cambio.
En todas estas arengas de discusiones teóricas han sido despertadas expectativas en amplios sectores de la población, cómo si el problema fundamental de la sociedad dominicana descansara en mantener o aumentar los niveles de participación en las tomas de decisiones públicas.
Estas propuestas son interesantes, y en ciertas medidas sirven para mantener vivas esperanzas e ilusiones de una población que aunque supuestamente vive en democracia, no tiene una idea mínima de los deberes que implica ese sistema cuando logra consagrarse en cultura política.
Cuando participo en esos círculos de análisis para las reformas constitucionales, políticas y electorales, observo la inspiración con que actúan muchos conciudadanos, quienes piensan que dándole al país una moderna constitución o un moderno marco jurídico y legal estamos resolviendo los problemas de la sociedad.
En ciertas medidas felicito y admiro a esos colegas, por que en el fondo son personas sanas, decentes, soñadoras, trabajadoras y preocupadas por los problemas nacionales. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta que no están sintonizadas con el sentir de la inmensa mayoría de la población. En la coyuntura de dificultades en que vivimos es necesario que la clase intelectual comience a poner los pies sobre la tierra.
La democracia directa como la sustentan algunos tratadistas de las ciencias políticas y como la propugnan algunos voceros de la sociedad civil en el patio dominicano, es una utopía, puesto que el crecimiento poblacional y las complejidades que afrontan los seres humanos para vivir en este mundo civilizado, imposibilitan la convivencia en un sistema donde las decisiones se tomen en asambleas populares con todos los miembros de la colectividad reunidos.
Como plantea Jáuregui, la profundización de la democracia implica la búsqueda permanente de fórmulas dirigidas a reducir el abismo entre la democracia real y la ideal, o dicho en términos kelsenianos, a ampliar el pueblo como sujeto de los derechos políticos.
Lo característico de la democracia no es que se dé una identidad perfecta entre la voluntad gobernante y la voluntad del pueblo, cosa del todo imposible, sino que se acerque lo más posible a los deseos y las capacidades de los ciudadanos. Para que un sistema democrático resulte viable es imprescindible que cuente con un asentimiento y apoyo generalizados.
De ahí que, para que el sistema democrático se ajuste a las demandas de las mayorías, la democracia debe ser concebida como un método político, o más bien, como un concierto institucional para arribar a decisiones políticas, ya sean legislativas o administrativas.
La democracia representativa seguirá existiendo, pero es urgente la adopción de medidas que orienten a mejorar su funcionamiento, o de lo contrario debemos irnos preparando para en un futuro no lejano volver a regímenes autoritarios, que debido a las complejidades del mundo en que vivimos no podrán ser similares a las dictaduras vividas en los siglos XIX y XX, pero que necesariamente deberán garantizar orden e implementación de medidas sociales que mejoren los niveles de vida de casi un 80% de la población, que por un lado disfruta el placer de vivir en un mundo de tecnologías, vanidades e ilusiones, pero que al mismo tiempo, choca con una dura realidad al no disponer de recursos económicos para responder a las expectativas que les son creadas por el propio medio en que viven.
Los dominicanos pobres y de clase media viven muy felices, deleitándose al ver una telenovela, una película, un juego de pelota; mientras los niños juegan incesantemente en las computadoras. Pero toda esa felicidad desaparece en el momento en que no hay con qué comprar los alimentos, en el momento en que no hay con qué pagar el colegio, en el momento en que no hay dinero para comprar una medicina, en el momento en que no hay dinero para pagar la energía eléctrica, la renta de la casa, el teléfono, entre otros compromisos y obligaciones del diario vivir.
En vista de que los partidos han ido perdiendo credibilidad y adeptos, es necesario implementar nuevos mecanismos de participación, donde los ciudadanos sean copartícipes de las decisiones de alto interés nacional. Pero los actores políticos nacionales y las personas que incidimos en la opinión pública, jamás debemos perder de vista el hecho de que estos mecanismos de participación propuestos, aunque interesantes, no resuelven en lo más mínimo los acuciantes problemas de la población.
La participación política es buena, es el alma de un pueblo y el espíritu de la democracia, siempre y cuando las personas tengan niveles mínimos de vida asegurados. Cuando no hay asegurada alimentación, salud, educación, orden, entre otros elementos vitales del diario vivir, todas estas reformas que aspiramos a implementar se convierten en letras muertas.
Ante el deterioro de los niveles de vida, la precaria seguridad ciudadana, el imperio de la impunidad y la corrupción, y el pésimo desempeño de las instituciones públicas, que a cada momento representan menos a los ciudadanos y ciudadanas, las personas se están preguntando: Democracia ¿para qué?
martes, 24 de octubre de 2006
La necesaria reforma a los órganos electorales
La principal labor del momento es hacer importantes reformas al sistema electoral dominicano, a fin de fortalecer la representatividad. Esas reformas deben incluir a los órganos electorales.
La tranquilidad y estabilidad de la democracia no debe estar supeditada al comportamiento de los jueces de la Junta Central Electoral.
La escogencia de magistrados imparciales es una responsabilidad de coyuntura de los diversos sectores políticos y de la sociedad civil.
La principal labor del momento es hacer importantes reformas al sistema electoral dominicano, a fin de fortalecer la representatividad. Esas reformas deben incluir a los órganos electorales.
Es necesario el fortalecimiento institucional de los órganos electorales. No existe verdadera autonomía donde no hay independencia presupuestaria.
La labor de la Junta Central Electoral y la organización a tiempo de las elecciones dependen de la actitud del presidente de la República de turno. En cada campaña electoral observamos cómo el trabajo de la Junta está condicionado a que el presidente de la República autorice la entrega de los recursos económicos.
Esto hay que corregirlo. Es urgente legislar al respecto. Según está establecido por ley -art. 49 de la ley 275-97- la contribución económica que los partidos reciben del Estado en años electorales y no electorales, también debe establecerse la cantidad de recursos que la Junta Central Electoral debe recibir en años electorales y no electorales.
Quiérase o no, la dependencia económica se traduce en influencias del jefe del poder ejecutivo y de los funcionarios que tienen que ver con la asignación y entrega de los recursos al órgano electoral.
El fortalecimiento institucional de los órganos electorales tiene relación directa con la calidad y capacidad del personal administrativo.
Por tanto, es necesario establecer la carrera electoral, a fin de evitar que se repitan situaciones como en el pasado, en que un cambio de jueces electorales se traduce en un despido masivo de funcionarios y empleados. La carrera electoral conduce también a que los partidos formen cuadros especializados exclusivamente en el tema electoral.
A modo de conclusión, la reforma electoral debe estar orientada a los puntos siguientes:
Alterar la composición partidista de los organismos electorales. La escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral no debe ser facultad exclusiva del senado de la República. Es aconsejable que estos sean seleccionados por una institución similar al Consejo Nacional de la Magistratura, que sea representativa de los diversos sectores de la vida nacional -partidos, empresarios, universidades, iglesias, sociedad civil, etc.-.
Asimismo, la escogencia de los jueces de las juntas electorales municipales no debe ser facultad exclusiva de la Junta Central Electoral. Es recomendable que los jueces electorales municipales sean seleccionados por una entidad o Consejo Municipal que represente a los diversos sectores de la comunidad.
Crear un registro permanente de miembros de colegios electorales y trabajar de forma sistemática la capacitación electoral de estos. Los miembros de colegios electorales deben recibir un carnet o un documento que represente una distinción, un reconocimiento a su labor en beneficio de la democracia.
Quienes lleven a cabo de forma exitosa la labor en los colegios electores deben ser considerados como ciudadanos honorables y distinguidos por el resto de la sociedad.
Por tanto, a esta labor se le debe dar prestigio, y la forma de hacerlo es evitando que se repitan situaciones como la de las elecciones del 2002, en que miembros de colegios parciales al partido de poder, no cumplieron debidamente con su labor, y la Junta Central Electoral no pidió sanción, y ni siquiera hizo de público conocimiento el nombre de los irresponsables. Actitudes como estas, desestimulan a las personas serias que trabajan en los colegios electorales y cumplen con su deber.
Descentralizar la organización de las elecciones, dándoles más funciones a las Juntas Electorales Municipales.
Crear un Tribunal de Administración de Justicia en material Electoral, puesto que en la práctica la creación de dos cámaras, una contenciosa y otra administrativa, no ha cumplido el cometido deseado, ya que los jueces de la cámara contenciosa se involucran en la organización de las elecciones.
Creación de la carrera electoral, similar a como funciona en el sistema judicial. En las últimas elecciones se observó que muchos funcionarios electorales no estaban bien formados y capacitados, pero también, que muchos delegados de los partidos políticos en las Juntas Electorales Municipales desconocían hasta del formato para elevar una instancia de solicitud de revisión de actas o reconteo de votos.
Pongo este ejemplo sencillo para no mencionar lo relacionado con el sistema de conversión de votos en escaños, cuya modalidad a implementar era desconocida hasta por jueces del más alto tribunal electoral.
La tranquilidad y estabilidad de la democracia no debe estar supeditada al comportamiento de los jueces de la Junta Central Electoral.
La escogencia de magistrados imparciales es una responsabilidad de coyuntura de los diversos sectores políticos y de la sociedad civil.
La principal labor del momento es hacer importantes reformas al sistema electoral dominicano, a fin de fortalecer la representatividad. Esas reformas deben incluir a los órganos electorales.
Es necesario el fortalecimiento institucional de los órganos electorales. No existe verdadera autonomía donde no hay independencia presupuestaria.
La labor de la Junta Central Electoral y la organización a tiempo de las elecciones dependen de la actitud del presidente de la República de turno. En cada campaña electoral observamos cómo el trabajo de la Junta está condicionado a que el presidente de la República autorice la entrega de los recursos económicos.
Esto hay que corregirlo. Es urgente legislar al respecto. Según está establecido por ley -art. 49 de la ley 275-97- la contribución económica que los partidos reciben del Estado en años electorales y no electorales, también debe establecerse la cantidad de recursos que la Junta Central Electoral debe recibir en años electorales y no electorales.
Quiérase o no, la dependencia económica se traduce en influencias del jefe del poder ejecutivo y de los funcionarios que tienen que ver con la asignación y entrega de los recursos al órgano electoral.
El fortalecimiento institucional de los órganos electorales tiene relación directa con la calidad y capacidad del personal administrativo.
Por tanto, es necesario establecer la carrera electoral, a fin de evitar que se repitan situaciones como en el pasado, en que un cambio de jueces electorales se traduce en un despido masivo de funcionarios y empleados. La carrera electoral conduce también a que los partidos formen cuadros especializados exclusivamente en el tema electoral.
A modo de conclusión, la reforma electoral debe estar orientada a los puntos siguientes:
Alterar la composición partidista de los organismos electorales. La escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral no debe ser facultad exclusiva del senado de la República. Es aconsejable que estos sean seleccionados por una institución similar al Consejo Nacional de la Magistratura, que sea representativa de los diversos sectores de la vida nacional -partidos, empresarios, universidades, iglesias, sociedad civil, etc.-.
Asimismo, la escogencia de los jueces de las juntas electorales municipales no debe ser facultad exclusiva de la Junta Central Electoral. Es recomendable que los jueces electorales municipales sean seleccionados por una entidad o Consejo Municipal que represente a los diversos sectores de la comunidad.
Crear un registro permanente de miembros de colegios electorales y trabajar de forma sistemática la capacitación electoral de estos. Los miembros de colegios electorales deben recibir un carnet o un documento que represente una distinción, un reconocimiento a su labor en beneficio de la democracia.
Quienes lleven a cabo de forma exitosa la labor en los colegios electores deben ser considerados como ciudadanos honorables y distinguidos por el resto de la sociedad.
Por tanto, a esta labor se le debe dar prestigio, y la forma de hacerlo es evitando que se repitan situaciones como la de las elecciones del 2002, en que miembros de colegios parciales al partido de poder, no cumplieron debidamente con su labor, y la Junta Central Electoral no pidió sanción, y ni siquiera hizo de público conocimiento el nombre de los irresponsables. Actitudes como estas, desestimulan a las personas serias que trabajan en los colegios electorales y cumplen con su deber.
Descentralizar la organización de las elecciones, dándoles más funciones a las Juntas Electorales Municipales.
Crear un Tribunal de Administración de Justicia en material Electoral, puesto que en la práctica la creación de dos cámaras, una contenciosa y otra administrativa, no ha cumplido el cometido deseado, ya que los jueces de la cámara contenciosa se involucran en la organización de las elecciones.
Creación de la carrera electoral, similar a como funciona en el sistema judicial. En las últimas elecciones se observó que muchos funcionarios electorales no estaban bien formados y capacitados, pero también, que muchos delegados de los partidos políticos en las Juntas Electorales Municipales desconocían hasta del formato para elevar una instancia de solicitud de revisión de actas o reconteo de votos.
Pongo este ejemplo sencillo para no mencionar lo relacionado con el sistema de conversión de votos en escaños, cuya modalidad a implementar era desconocida hasta por jueces del más alto tribunal electoral.
martes, 17 de octubre de 2006
El carisma y los misterios que lo envuelven
Un líder transformador aborda los problemas de la población, y plantea posibles vías de solución
Uno de los elementos del candidato ideal, es el liderazgo. En estos tiempos del marketing y la comunicación, la mayoría de los candidatos no son líderes, más bien son dirigentes partidarios escogidos candidatos, y que si logran ser electos, es muy probable que no dure más de un período en el poder.
Los candidatos que no tienen liderazgo, tampoco tienen carisma. No existe una definición precisa del carisma. El carisma, como dice Dick Morris, en su libro El Nuevo Príncipe, es el más elusivo de los rasgos políticos porque no existe en la realidad, sino sólo en nuestra percepción una vez que un candidato lo ha conseguido por medio de trabajo duro y buenos temas.
Las coyunturas de crisis nacionales son proclives para la formación y el éxito del liderazgo carismático, debido a que éste no está sometido a parámetros de organización burocrática, ascenso, sanción o destitución. El liderazgo carismático suele surgir en tiempos de crisis.
El liderazgo carismático se apoya en su éxito, y dependiendo de sus aciertos aumentará el número de seguidores, quienes depositan su fe en él. De ahí que, según Max Weber, el poder carismático es peculiarmente inestable. Como el carisma ignora toda legitimidad como no sea la que producen los éxitos, su duración depende de estos. Se trata de una relación: personalidad + éxitos=seguidores.
Señala el padre de la sociología que el carácter del carisma como poder creativo decrece ante una dominación organizada en instituciones duraderas, y sólo prevalece en períodos de emociones masivas de efectos imprevisibles, como el caso de elecciones y acontecimientos semejantes.
El liderazgo carismático, como dice Arthur Schlesinger, se frustra si su misión no es reconocida por aquellos a quienes se considera enviado. Si lo reconocen, se convierte en su jefe, pero no extrae “derecho” de la voluntad de aquellos, como sucede en una elección. Al contrario, reconocerlo como jefe con calificación carismática es el deber de aquellos a quienes está destinada su misión.
De ahí que para que un liderazgo carismático se forje en un sistema democrático requiere de un trabajo de mitificación realizado por persuasores ocultos -expertos en marketing político- y por medios de comunicación. Los persuasores ocultos o mercadólogos definen las estrategias y los medios de comunicación que sirven de canales para ponerlas en ejecución.
Existen distintos tipos de liderazgos carismáticos. El carisma se construye en función de los valores y la cultura política de una sociedad dada.
En el actual proceso de consolidación democrática, el liderazgo carismático necesariamente tiene que ser construido partiendo de un estudio de mercado que aflore el tipo de líder que quiere o demanda el conglomerado. De ahí el hecho de que el líder carismático, por lo regular sea demagógico, puesto que asume un discurso interpretativo de los sueños y deseos del electorado, sin en ningún momento detenerse a evaluar las probabilidades de cumplir con sus promesas en caso de alcanzar el poder político.
Un ejemplo de liderazgo carismático de estos tiempos, es el caso del coronel golpista Hugo Chávez en Venezuela.
Cada comunidad cultural alimenta una imagen especial de hombre, imagen que cristaliza un concepto muy concreto de como debería ser el hombre idóneo para que le ayude a materializar sus sueños. Con razón planteó Max Weber que las variables por las que se selecciona al jefe son voluntad y el poder del discurso demagógico, y señalaba este liderazgo como una dictadura basada en la utilización de la emotividad de las masas.
El líder carismático se convierte en el representante del pueblo en el Estado, en la administración pública ó en los centros de poder. Es reiterativo en señalar: “Me importan tus problemas porque también son los míos”. Comparto con Gabriel Elgorriaga el concepto de que este liderazgo aparece como un elemento humanizante o humanizador de las relaciones entre el grupo y el sistema, al hacer posible que el individuo transfiera sus sentimientos al líder”.
Es por eso que en las campañas electorales tratan de encarnar la ilusión de las grandes mayorías.
Con el tiempo, el liderazgo carismático ha cambiado. Su método y su tipo de carisma cambian en la medida que avanzan los pueblos por el sendero de la democracia y la modernización. Son incomparables, por ejemplo, los estilos del general Cárdenas, Getúlio Vargas, Juan Domingo Perón y Víctor Raúl Haya de la Torre con los estilos de Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Fidel Castro, José Francisco Peña Gómez, Alberto Fujimori y Hugo Chávez, entre otros.
Como dijo Shakespeare, “el mundo es un escenario y cada hombre un actor”, planteamiento que cobra actualidad en la política, como consecuencia de las modernas tecnologías al servicio de la difusión de mensajes.
Los líderes carismáticos se caracterizan por su elocuencia y su buen manejo del lenguaje de las emociones. Disfrutan de la oratoria.
El carisma responde a una necesidad emocional, no racional, y sus componentes pueden llegar a chocar con los fundamentos de la teoría democrática. Un verdadero líder moviliza a su auditorio y no posee necesariamente cualidades carismáticas.
Cómo no estamos en crisis nacionales, ni en épocas de guerras civiles y golpe de Estados, prima el liderazgo transaccional. Un líder que actúa como gerente y negociador de conflictos, y no como movilizador de masas.
Analizando el declive del liderazgo carismático, Jaime Durán Barba plantea que así como desde la aparición de la luz eléctrica desaparecieron masivamente los duendes y los fantasmas, en la nueva etapa democrática los semidioses y los iluminados perdieron espacio. La vieja idea del “carisma” se transformó.
La oratoria vibrante y espectacular que hizo célebres a algunos políticos antiguos y que hoy es usada por algunos líderes desfasados, perdió su eficiencia. Los profetas apocalípticos resultan un poco cómicos en la pantalla chica y cuando asustan a los niños de la casa pueden perder los votos de sus padres.
No existe un tipo uniforme de carisma. El requisito del carisma descansa en que los votantes estén de acuerdo con usted, y que les guste lo que usted hace y dice. Es un error pretender hacerse carismático imitando a otros, puesto que lo que le luce a un político no necesariamente le luce a otro. Hay que buscar el carisma tratando de ser uno mismo.
Más que de un líder carismático, la coyuntura en que atraviesa la sociedad dominicana requiere de un liderazgo transformador.
Un líder transformador es aquel que tiene visión de futuro, ideas propias, capacidad para inspirar a los demás y persuadir al electorado. Es aquél capaz de hacer que las personas se vean agentes capaces de lograr el cambio y construir el porvenir.
Un líder transformador aborda los problemas de la población, y plantea posibles vías de solución. Proporciona una visión, pero la acompaña de propuestas concretas para convertirla en realidad. Les da razón de ser a la actividad política.
Uno de los elementos del candidato ideal, es el liderazgo. En estos tiempos del marketing y la comunicación, la mayoría de los candidatos no son líderes, más bien son dirigentes partidarios escogidos candidatos, y que si logran ser electos, es muy probable que no dure más de un período en el poder.
Los candidatos que no tienen liderazgo, tampoco tienen carisma. No existe una definición precisa del carisma. El carisma, como dice Dick Morris, en su libro El Nuevo Príncipe, es el más elusivo de los rasgos políticos porque no existe en la realidad, sino sólo en nuestra percepción una vez que un candidato lo ha conseguido por medio de trabajo duro y buenos temas.
Las coyunturas de crisis nacionales son proclives para la formación y el éxito del liderazgo carismático, debido a que éste no está sometido a parámetros de organización burocrática, ascenso, sanción o destitución. El liderazgo carismático suele surgir en tiempos de crisis.
El liderazgo carismático se apoya en su éxito, y dependiendo de sus aciertos aumentará el número de seguidores, quienes depositan su fe en él. De ahí que, según Max Weber, el poder carismático es peculiarmente inestable. Como el carisma ignora toda legitimidad como no sea la que producen los éxitos, su duración depende de estos. Se trata de una relación: personalidad + éxitos=seguidores.
Señala el padre de la sociología que el carácter del carisma como poder creativo decrece ante una dominación organizada en instituciones duraderas, y sólo prevalece en períodos de emociones masivas de efectos imprevisibles, como el caso de elecciones y acontecimientos semejantes.
El liderazgo carismático, como dice Arthur Schlesinger, se frustra si su misión no es reconocida por aquellos a quienes se considera enviado. Si lo reconocen, se convierte en su jefe, pero no extrae “derecho” de la voluntad de aquellos, como sucede en una elección. Al contrario, reconocerlo como jefe con calificación carismática es el deber de aquellos a quienes está destinada su misión.
De ahí que para que un liderazgo carismático se forje en un sistema democrático requiere de un trabajo de mitificación realizado por persuasores ocultos -expertos en marketing político- y por medios de comunicación. Los persuasores ocultos o mercadólogos definen las estrategias y los medios de comunicación que sirven de canales para ponerlas en ejecución.
Existen distintos tipos de liderazgos carismáticos. El carisma se construye en función de los valores y la cultura política de una sociedad dada.
En el actual proceso de consolidación democrática, el liderazgo carismático necesariamente tiene que ser construido partiendo de un estudio de mercado que aflore el tipo de líder que quiere o demanda el conglomerado. De ahí el hecho de que el líder carismático, por lo regular sea demagógico, puesto que asume un discurso interpretativo de los sueños y deseos del electorado, sin en ningún momento detenerse a evaluar las probabilidades de cumplir con sus promesas en caso de alcanzar el poder político.
Un ejemplo de liderazgo carismático de estos tiempos, es el caso del coronel golpista Hugo Chávez en Venezuela.
Cada comunidad cultural alimenta una imagen especial de hombre, imagen que cristaliza un concepto muy concreto de como debería ser el hombre idóneo para que le ayude a materializar sus sueños. Con razón planteó Max Weber que las variables por las que se selecciona al jefe son voluntad y el poder del discurso demagógico, y señalaba este liderazgo como una dictadura basada en la utilización de la emotividad de las masas.
El líder carismático se convierte en el representante del pueblo en el Estado, en la administración pública ó en los centros de poder. Es reiterativo en señalar: “Me importan tus problemas porque también son los míos”. Comparto con Gabriel Elgorriaga el concepto de que este liderazgo aparece como un elemento humanizante o humanizador de las relaciones entre el grupo y el sistema, al hacer posible que el individuo transfiera sus sentimientos al líder”.
Es por eso que en las campañas electorales tratan de encarnar la ilusión de las grandes mayorías.
Con el tiempo, el liderazgo carismático ha cambiado. Su método y su tipo de carisma cambian en la medida que avanzan los pueblos por el sendero de la democracia y la modernización. Son incomparables, por ejemplo, los estilos del general Cárdenas, Getúlio Vargas, Juan Domingo Perón y Víctor Raúl Haya de la Torre con los estilos de Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Fidel Castro, José Francisco Peña Gómez, Alberto Fujimori y Hugo Chávez, entre otros.
Como dijo Shakespeare, “el mundo es un escenario y cada hombre un actor”, planteamiento que cobra actualidad en la política, como consecuencia de las modernas tecnologías al servicio de la difusión de mensajes.
Los líderes carismáticos se caracterizan por su elocuencia y su buen manejo del lenguaje de las emociones. Disfrutan de la oratoria.
El carisma responde a una necesidad emocional, no racional, y sus componentes pueden llegar a chocar con los fundamentos de la teoría democrática. Un verdadero líder moviliza a su auditorio y no posee necesariamente cualidades carismáticas.
Cómo no estamos en crisis nacionales, ni en épocas de guerras civiles y golpe de Estados, prima el liderazgo transaccional. Un líder que actúa como gerente y negociador de conflictos, y no como movilizador de masas.
Analizando el declive del liderazgo carismático, Jaime Durán Barba plantea que así como desde la aparición de la luz eléctrica desaparecieron masivamente los duendes y los fantasmas, en la nueva etapa democrática los semidioses y los iluminados perdieron espacio. La vieja idea del “carisma” se transformó.
La oratoria vibrante y espectacular que hizo célebres a algunos políticos antiguos y que hoy es usada por algunos líderes desfasados, perdió su eficiencia. Los profetas apocalípticos resultan un poco cómicos en la pantalla chica y cuando asustan a los niños de la casa pueden perder los votos de sus padres.
No existe un tipo uniforme de carisma. El requisito del carisma descansa en que los votantes estén de acuerdo con usted, y que les guste lo que usted hace y dice. Es un error pretender hacerse carismático imitando a otros, puesto que lo que le luce a un político no necesariamente le luce a otro. Hay que buscar el carisma tratando de ser uno mismo.
Más que de un líder carismático, la coyuntura en que atraviesa la sociedad dominicana requiere de un liderazgo transformador.
Un líder transformador es aquel que tiene visión de futuro, ideas propias, capacidad para inspirar a los demás y persuadir al electorado. Es aquél capaz de hacer que las personas se vean agentes capaces de lograr el cambio y construir el porvenir.
Un líder transformador aborda los problemas de la población, y plantea posibles vías de solución. Proporciona una visión, pero la acompaña de propuestas concretas para convertirla en realidad. Les da razón de ser a la actividad política.
martes, 10 de octubre de 2006
El dinamismo: Un político es un actor
Una buena salud emocional es clave para ganar unas elecciones y para hacer una administración exitosa
El dinamismo es un factor importante en un candidato. Cuando un candidato es catalogado como dinámico, se quiere decir que es fuerte, enérgico, enfático, vigoroso, franco, activo y contundente.
Un candidato carente de dinamismo es catalogado como frío, lento, pánfilo, vacilante y flemático.
El dinamismo permite al auditorio evaluar el carácter del candidato.
En una contienda electoral el candidato debe presentar un carácter activo-positivo, que refleje que disfruta su activismo, que está a gusto consigo mismo, que busca el contacto con las demás personas porque le agrada, y que quiere ser presidente porque está seguro de que hará una buena gestión.
El candidato debe procurar mantener un elevado nivel de autoestima y una relación acertada con el entorno.
Los electores buscan el factor positivista en sus futuros líderes. Admiran al político dinámico, positivo, de humor, sociable.
Una buena salud emocional es clave para ganar unas elecciones y para hacer una administración exitosa.
Una imagen de político frío y lento es un problema difícil de resolver con estrategias de marketing político. Ningún consultor hace milagros.
Una persona es así, y es poco lo que se puede hacer para cambiarla. Lo atinado es ajustar la campaña a su estilo.
Un caso digno de mención es el de Richard Níxon en los Estados Unidos. Níxon estaba consciente de su imagen fría. Los consultores hicieron ingentes esfuerzos y no fue posible cambiarla.
Cuando un candidato tiene una imagen fría, y el electorado lo considera lento, necesariamente hay que adaptar la comunicación a la imagen del candidato. No podemos ponerlo a saltar, si no sabe, si no puede, si nunca lo ha hecho. Es necesario hacerlo aparecer vestido de forma informal en algunos encuentros, donde se vea que está relajado.
Se ha dado el caso de candidatos que han sacado ventaja de su falta de dinamismo. En la campaña electoral de 1986, el candidato reformista Joaquín Balaguer estaba ciego y a penas podía moverse con un bastón, y cuando un periodista le preguntó que si con esos impedimentos físicos él pensaba dirigir el país, respondió: “Que a la presidencia de la república no se iba a ensartar agujas”.
Con esa respuesta, el caudillo reformista quiso decir que él conocía los problemas del país y, por tanto, no necesitaba la vista para resolverlos. La población lo entendió.
El dinamismo es un factor importante en un candidato. Cuando un candidato es catalogado como dinámico, se quiere decir que es fuerte, enérgico, enfático, vigoroso, franco, activo y contundente.
Un candidato carente de dinamismo es catalogado como frío, lento, pánfilo, vacilante y flemático.
El dinamismo permite al auditorio evaluar el carácter del candidato.
En una contienda electoral el candidato debe presentar un carácter activo-positivo, que refleje que disfruta su activismo, que está a gusto consigo mismo, que busca el contacto con las demás personas porque le agrada, y que quiere ser presidente porque está seguro de que hará una buena gestión.
El candidato debe procurar mantener un elevado nivel de autoestima y una relación acertada con el entorno.
Los electores buscan el factor positivista en sus futuros líderes. Admiran al político dinámico, positivo, de humor, sociable.
Una buena salud emocional es clave para ganar unas elecciones y para hacer una administración exitosa.
Una imagen de político frío y lento es un problema difícil de resolver con estrategias de marketing político. Ningún consultor hace milagros.
Una persona es así, y es poco lo que se puede hacer para cambiarla. Lo atinado es ajustar la campaña a su estilo.
Un caso digno de mención es el de Richard Níxon en los Estados Unidos. Níxon estaba consciente de su imagen fría. Los consultores hicieron ingentes esfuerzos y no fue posible cambiarla.
Cuando un candidato tiene una imagen fría, y el electorado lo considera lento, necesariamente hay que adaptar la comunicación a la imagen del candidato. No podemos ponerlo a saltar, si no sabe, si no puede, si nunca lo ha hecho. Es necesario hacerlo aparecer vestido de forma informal en algunos encuentros, donde se vea que está relajado.
Se ha dado el caso de candidatos que han sacado ventaja de su falta de dinamismo. En la campaña electoral de 1986, el candidato reformista Joaquín Balaguer estaba ciego y a penas podía moverse con un bastón, y cuando un periodista le preguntó que si con esos impedimentos físicos él pensaba dirigir el país, respondió: “Que a la presidencia de la república no se iba a ensartar agujas”.
Con esa respuesta, el caudillo reformista quiso decir que él conocía los problemas del país y, por tanto, no necesitaba la vista para resolverlos. La población lo entendió.
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