Santo Domingo. En una carta dirigida a los magistrados Julio César Castaños Guzmán y Roberto Rosario, el politólogo y experto electoral, Belarminio Ramírez Morillo, planteó a la Junta Central Electoral la necesidad de que hagan importantes cambios al Anteproyecto de Reglamento de Campañas Electorales, Actos de Propaganda y Uso de Medios de Comunicación.
El abogado y político felicitó a los magistrados de la Junta Central Electoral por la excelente labor que vienen realizando en procura de fortalecer al sistema democrático de la nación.
Dijo que le llena de satisfacción y orgullo el hecho de que el poder electoral esté siendo dirigido por profesionales que han interpretado en su justa dimensión el estado de deterioro en que se encuentran los partidos políticos, y la amenaza que este hecho reviste para la democracia.
Expresó que el Anteproyecto de Reglamento orientado a ordenar las campañas electorales y en ciertas medidas el funcionamiento de los partidos políticos, es necesario, y su aplicación debe ser efectiva al proceso electoral venidero.
Pidió a los sectores sanos y sensatos de la vida nacional a que les brinden apoyo a las iniciativas de la JCE en procura de reducir el tiempo y coste de las campañas electorales.
Dentro de los cambios sugeridos por el especialista electoral, se encuentra lo referente al artículo 9 del anteproyecto que prohíbe todo tipo de propaganda promoviendo el abstencionismo electoral.
El profesor universitario considera que “ante el descrédito de los partidos políticos promover el abstencionismo electoral es un derecho ciudadano, y por tanto, no debe estar prohibido.”
Sugiere cambios en el artículo 19, a fin de que el Reglamento establezca la obligatoriedad de que los candidatos presidenciales depositen en la Junta Central Electoral un ejemplar impreso de su programa electoral, a más tardar 30 días ante de las elecciones.
Así mismo formuló, que cuando se trate de elecciones congresuales y municipales debe hacerse el mismo requerimiento a los candidatos a Síndico.
Adujo que en la República Dominicana una gran cantidad de políticos son electos Alcaldes sin tener una idea mínima de lo que es un Programa de Gobierno Municipal.
Consideró que el debate entre los candidatos presidenciales debe ser obligatorio, y no opcional como lo deja entrever el anteproyecto de Reglamento, en el artículo 44.
Expresó que al leer el anteproyecto de Reglamento nos damos cuenta que el espíritu del mismo está dirigido a campañas presidenciales, pero en ninguno de sus articulados lo dice.
Consideró que los debates deben contemplarse también para las elecciones congresuales y municipales.
Dijo que cuando se trate de campañas electorales para elecciones congresuales y municipales, la Junta Central Electoral debe organizar encuentros públicos en cada provincia para que los candidatos a Senadores y Diputados presenten los temas de su agenda legislativa.
En ese mismo tenor, expresó que las Juntas Electorales deben organizar encuentros públicos en los Municipios para que los candidatos a Síndico presenten sus programas de gobiernos municipales.
A su juicio, ese hecho contribuiría significativamente a mejorar la calidad de la política, puesto que los partidos se verán compelidos a presentar candidatos que tengan un mínimo de instrucción.
En cuanto al gasto electoral, dijo que es necesario ponerle límites al financiamiento privado. Expresó que este es el único país del mundo donde se implementó el financiamiento público a las campañas electorales sin ponerle límites al financiamiento privado.
Sugirió que en las campañas electorales presidenciales el tope al financiamiento privado se determine tomando como base la contribución que los partidos reciben del Estado.
Es del parecer de que “los tres partidos mayoritarios no deben recaudar fondos en el sector privado que superen al monto que reciben del Estado.”
Recomienda que a los demás partidos se les permita recaudar en el sector privado hasta un tope similar al que tienen los partidos mayoritarios.
El experto electoral manifestó que en el financiamiento privado debe incluirse el monto que el candidato piensa gastar de su fortuna familiar.
A su juicio es necesario que el Reglamento contemple el tope del gasto en la precampaña. Aduce que “se deben utilizar criterios y parámetros claros y precisos, a fin de evitar que los funcionarios públicos y políticos adinerados se impongan sobre los demás.”
En cuanto a las campañas para elecciones congresuales y municipales, el catedrático universitario consideró que el tope del presupuesto de un candidato a Senador, Diputado, Síndico o Regidor, debe ser el equivalente a 24 sueldos del cargo que aspira a ocupar.
Dijo que hay legisladores que gastaron varios millones en su campaña, y ahora para recuperar la inversión hecha se dedican a la práctica de aprobar proyectos por paga. Su voto tiene un precio. Esa es la realidad. Esa es la verdad de la política del patio dominicano.
En cuanto a la duración de las campañas electorales, dijo que no debemos estar en campaña los 365 días de todos los años. Expresó que ese es el sentir de la inmensa mayoría de los dominicanos. Por tanto, consideró que el inicio y término de la precampaña hay que ponerle fecha en el calendario.
Manifestó que la Ley 275-97, establece que la campaña electoral se inicia con la Proclama que hace la Junta Central Electoral, a más tardar, 90 días antes de las elecciones.
Por tanto sugiere que la precampaña se inicie 150 días ante de las elecciones, o sea dos meses antes de que comience la campaña electoral.
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